Glenn Evans observaba desde el costado de su casa en West Pullman mientras a un hombre alto de proporción robusta que se acercaba lentamente por el camino. “Vete de mi propiedad”, él gritó. Pero eso no impidió que el hombre caminara lentamente y con paso firme hasta que pegó el papel de color naranja brillante—un aviso de desconexión del agua—en un tubo de desagüe de la casa de ladrillo de un solo piso de Evans.
Evans, teniente del Departamento de Policía de Chicago, llamó a sus compañeros. “Hay un tipo aquí que afirma ser del departamento de agua”, él dijo, según documentos judiciales. “Envíen una patrulla”.
Evans rompió el papel del tubo y lo hizo bola en su mano. Rennie Simmons, el empleado del departamento de agua, se dio la vuelta y tomó una fotografía, como lo indica el protocolo. Cada uno tiene su propia versión de lo que sucedió después. Sus historias coinciden en que Simmons quedó inmovilizado en el suelo.
En minutos, dos oficiales sujetaron a Simmons de las muñecas con esposas y le dijeron que se subiera al asiento trasero de una patrulla. En la estación del 5to distrito al Este de la Calle 111, Evans firmó una denuncia por agresión. Según el reporte policiaco, Evans afirmó que Simmons lo empujó y le dijo, “tengo algo para tu trasero” luego “fue a la cajuela de su auto [a agarrar] un objeto desconocido”.
Simmons, quien está parcialmente paralizado del lado derecho de su cuerpo, las secuelas de un derrame cerebral que sufrió en 2003, dijo que él trató de protestar, diciendo que fue atacado sin provocación alguna. Pero era la palabra del empleado municipal contra la del teniente. Le correspondería a un juez esclarecer el incidente.
Para Evans, su día en los tribunales no era su primero—o último. Al final, los cargos por agresión fueron retirados, en parte porque el Juez del Circuito Judicial del Condado de Cook Adam Donald Bourgeois Jr. encontró al testigo de Evans menos que convincente. “Teniente”, dijo Bourgeois al cerrar la audiencia del 17 de septiembre de 2007, “la próxima vez que elija a alguien para que venga aquí como testigo, asegúrese de que mienta un poco mejor”.
Simmons procedió a interponer una demanda federal alegando que Evans trató de fijarle una falsa acusación para encubrir su propia mala conducta. Ese mismo año, un segundo hombre abrió un caso similar contra Evans.
En 2009, la ciudad resolvió ambos casos fuera de los tribunales con un pago combinado de $118,999, haciendo a Evans parte de un pequeño—pero costoso—grupo de oficiales que fueron nombrados en demandas múltiples de mala conducta que terminaron en pagos municipales en recientes años.
La casi impunidad con la cual estos oficiales—denominados “repetidores” debido a sus recurrentes problemas legales –se les permite operar, junto con el creciente costo legal para defenderlos, son deslumbrante evidencia que el esfuerzo de la ciudad por contener la mala conducta policial está por debajo de la marca, encontró el Chicago Reporter.
De 441 demandas por mala conducta policiaca que terminaron en pagos municipales entre 2009 y noviembre 2011, casi una tercera parte—o 145—involucraban a los “repetidores”, muestra un análisis del Reporter de los registros de los tribunales federales y estatales.
Este pequeño grupo—140 en total –resultó bastante costoso. A pesar de formar el 1 por ciento de la fuerza policial, contaron por más de un cuarto—$11.7 millones—de todos los pagos por daños efectuados por mala conducta policial. La ciudad defendió a un buen número de esos oficiales en casos adicionales también; casi una tercera parte de los 140 oficiales fueron nombrados en por lo menos cinco demandas por mala conducta desde el 2000.
Pero el Reporter encontró que algunas letras pequeñas en el contrato del sindicato de la policía y un estatuto estatal rutinariamente protegen a los “repetidores” y a cualquiera que sea demandado por mala conducta de las investigaciones de la Autoridad Independiente de Evaluación Policiaca—la cual fue creada para ayudar a investigar la mala conducta policial y al mismo departamento de policía.
El resultado: Ocho de cada 10 de los “repetidores” permanecen en el trabajo con pocas señales de disciplina.
En lo que a Ilana Rosenzweig, la jefa administradora de la autoridad de evaluación, se refiere, en última instancia, le corresponde al departamento de policía rastrear las demandas y denuncias a lo largo de la carrera de un oficial para identificar los patrones de mala conducta. “No puedo decir si [el departamento de policía] lo está haciendo o hasta qué grado lo está haciendo”, ella dijo. “pero eso es algo que debería ocurrir”.
Una falta de transparencia alrededor de lo que se está haciendo para investigar las presuntas golpizas, los montajes y los allanamientos ilegales origina una pregunta en la mente de Craig Futterman, un abogado que fundó el Proyecto de Derecho Civil y Responsabilidad Policiaca en la Clínica Mandel de Asistencia Legal de la Universidad de Chicago: ¿Quién le está llamando a la policía?”
Ralph Price, el abogado principal del departamento de policía, dijo que el departamento rutinariamente se reúne con el departamento de leyes de la ciudad para examinar las denuncias de abuso policial que se describen en las demandas.
“No cerramos nuestros ojos y lo ignoramos. Absolutamente no”, dijo Price. “Definitivamente hay un seguimiento entre la litigación y una revisión de la política del departamento y entrenamiento”.
Futterman está de acuerdo con que el Departamento de Policía de Chicago tiene programas—como un sistema de advertencia temprana—colocado para señalar a los oficiales abusivos. Pero a muy pocos oficiales se les requiere que participen. El resultado, Futterman dijo, es que “El Departamento de Policía de Chicago ha permitido que unas cuantas manzanas podridas abusen de la gente vulnerable con impunidad”.
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Entre enero de 2009 y noviembre de 2011, la ciudad de Chicago pagó $45.5 millones por daños en 441 demandas que involucraban denuncias de mala conducta policial—un índice de $5.54 anualmente por residente de la ciudad, encontró el Reporter. Eso es más del doble que el de Los Ángeles de $2.66, y aproximadamente la mitad de los $9.93 de la Ciudad de Nueva York entre 2009 y 2010. Estas cifras no incluyen el número incalculable de honorarios legales pagados por los contribuyentes para cubrir la defensa legal de los oficiales.
“Estos [pagos] han sido la nube que ha cubierto a la municipalidad durante décadas”, dijo el Concejal del 2do Distrito Bob Fioretti, quien auspició la nueva legislación de responsabilidad policial que fue adoptada en 2007 para autorizar a residentes como Rosenzweig, a investigar y extirpar la mala conducta policial.
Una vasta mayoría, el 75 por ciento, de los 441 casos de mala conducta policial estuvieron basados en fuerza excesiva y denuncias de falsos arrestos, y la mayoría de casos fueron cerrados con acuerdos resueltos por abogados. La ciudad raramente reconoció su responsabilidad en tales acuerdos.
Eso es un golpe para algunos oficiales de la policía que piensan que la ciudad se apresura demasiado para llegar a acuerdos que les dejan poco espacio para limpiar sus nombres. En el caso del teniente Evans, una de las cinco demandas en las cuales fue nombrado se fue a juicio, y un jurado lo encontró no responsable por encubrir los hechos en el tiroteo de otro oficial.
Pero los arreglos no necesariamente dicen mucho acerca de la culpabilidad, dijo el abogado Standish Willis que se especializa en leyes de derechos civiles. Algunas demandas se arreglan simplemente por conveniencia. En otras, el demandante o la ciudad tenían un fuerte caso, y al llegar al acuerdo, los costos pudieron ser minimizados.
El Reporter encontró que tres oficiales nombrados en el mayor número de demandas—Jerome Finnigan, Donovan Markiewicz y Frank Villareal—eran miembros de una unidad táctica selecta, la Sección de Operativos Especiales, la cual fue desenmascarada en 2007 después de que una investigación federal encontrara que sus miembros operaban una red de robo y extorsión en las propias narices de los oficiales de policía.
Antes de que la ciudad comenzara a pagar las demandas que involucraban a la sección, los abogados de la ciudad estaban representando a los miembros de la sección en una serie de demandas. Los documentos judiciales muestran que tan sólo Finnigan, Markiewicz y Villareal fueron nombrados en por lo menos 16 casos de mala conducta en los dos años antes de que el departamento desmantelara la sección.
Ninguna de las demandas presentadas en contra de los miembros de la sección terminó con un fallo de un juez o de un jurado. Los juicios son una cosa rara; sólo el 6 por ciento de las demandas analizadas por el Reporter terminaron con el fallo de un juez o de un jurado.
Actualmente Finnigan, Markiewicz y Villareal están fuera de la fuerza. Pero una mayoría,—al menos 26—de los 42 oficiales nombrados en cinco o más casos, incluyendo a tres ex miembros de la Sección de Operativos Especiales, aún permanecen en la nómina del departamento.
Eso no le sorprende a Futterman. “La ciudad reconoce la necesidad de mirar los patrones”, él dijo. “Pero con cada escándalo…el Departamento de Policía de Chicago se hace de la vista gorda ante esos patrones”.
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Cordell Simmons, un estudiante de colegio comunitario con un largo historial de arrestos relacionados a la marihuana, fue detenido a punta de pistola por un par de oficiales cerca de una parada de autobús en la esquina de las calles Loomis y 79 en una húmeda noche a principios de junio de 2007.
Los oficiales del 6to Distrito reciben más que su parte justa del narcotráfico y la violencia de la ciudad en un turno típico. Durante 13 meses que terminaron el 31 de marzo de 2012, los oficiales hicieron más de 20,000 arrestos en el distrito del sur de la ciudad que abarca desde la calle 76 hasta la 98 entre las avenidas Western y Woodlawn.
El ritmo puede ser riguroso, dijo Richard Wooten, un veterano de la policía de 19 años quien trabaja en el 6to Distrito, donde reside, y opera una organización sin fines de lucro, Gathering Point Community Council, que mentora a los niños del vecindario. “El nivel de estrés verdaderamente te llega, y te estás moviendo, estás sintiéndote en el 10 y no te das cuenta”, él dijo.
Los hombres registraron a Cordell Simmons y le encontraron $20 de marihuana escondida en cuatro pequeñas bolsas plásticas, según un reporte policial. Luego lo golpearon contra el cofre de una patrulla, intentando sin éxito que soltara el resto de lo que tenía escondido, según documentos judiciales.
El joven de 24 años de edad fue arrestado y llevado a la estación de las calles 78 y Halsted. Fue conducido a un cuarto de procesamiento. Ahí fue donde se cruzó en el camino del teniente Evans.
Los oficiales sospechaban que Cordell Simmons había pasado más drogas a la estación y estaba intentando tragárselas antes de ser atrapado, según el reporte policial. Mientras Evans se acercaba, el reporte dice que recibió una patada en las piernas por parte del estudiante del Colegio Comunitario Moraine Valley. Evans se frustró aún más porque Simmons “no estaba cooperando”, según los documentos judiciales. Uno de los policías que lo trasladó a la estación le quitó sus pantalones y zapatos.
Cornell Simmons estaba desnudo de la cintura para abajo mientras que Evans salió del cuarto y regresó con una pistola de descarga eléctrica según los documentos judiciales. Los tres oficiales sujetaron a Simmons y, “Evans procedió a descargarle la pistola [al] demandante en el área de la ingle, debajo de sus testículos”.
“En agonía”, Cordell Simmons se rodó sobre su estómago “, lee la denuncia. Evans le descargó la pistola por segunda vez, en su recto. En lo que los oficiales le permitían a Simmons ponerse de pie, “Evans caminó hacia la puerta, luego se dio la vuelta y le volvió a descargar la pistola [al] demandante dos veces más, dándole en el brazo derecho”.
Los abogados de la ciudad reconocieron que Cordell Simmons “recibió las descargas en algún punto durante su arresto”. Sin embargo, en los documentos judiciales, los abogados escribieron que, “La [c]iudad no tiene el conocimiento o la información suficiente para formar una convicción respeto a la veracidad de las denuncias restantes”.
El Reporter no pudo contactar a Evans para obtener un comentario.
Cordell Simmons recibió cargos de conducta desordenada y por golpear a un oficial de la policía. Al mes siguiente, los cargos fueron descartados en los tribunales criminales. Él respondió presentando una demanda por fuerza excesiva en los tribunales federales buscando compensación por daños que incluían $4,849.50 en gastos médicos realizados siguiendo el ataque. La ciudad llegó a un arreglo del caso por $19,000. Su abogado, Richard Zachary, atribuyó la relativamente pequeña cantidad del arreglo al hecho de que muy pocos expertos pueden testificar acerca de los efectos perdurables de un ataque con pistola de descarga eléctrica.
El pago de Cordell Simmons fue sólo una pequeña fracción de los recientes pagos relacionados a la mala conducta que han surgido del 6to Distrito, muestra el análisis del Reporter. Entre enero de 2009 y noviembre de 2011, la ciudad pagó por lo menos $413,500 por daños en demandas por fuerza excesiva en el Distrito Gresham, el cual ocupaba en quinto lugar en la cantidad de pagos por fuerza excesiva. El Distrito 10 ocupaba el primer lugar de toda la ciudad, que representa más de $1 millón de los pagos por fuerza excesiva. Después de haber trabajado como oficial de ronda y de táctica por una década en el vecino Distrito de Englewood antes de ser transferido a Greshan, Wooten encontró “que las personas que trabajaban más duro recibieron la mayoría de las quejas”.
Y enfrentarse a los narcotraficantes y a los criminales violentos es un trabajo peligroso. Los oficiales reportan que son atacados con regularidad; el departamento reportó 3,135 ataques a sus oficiales en toda la ciudad tan sólo en 2010. Eso es casi cuatro veces mayor que el número de denuncias por fuerza excesiva presentadas ante la autoridad de evaluación ese mismo año.
Pero Wooten no es ajeno al hecho de que hay mala conducta—o que la mayoría de las denuncias se derivan de la interacción de la policía con los residentes en los distritos de mayoría afroamericana o latina.
“Tienes a [oficiales] que nunca han visto a una persona afroamericana, nunca fueron a una escuela con una persona afroamericana, nunca vivieron cerca de una persona afroamericana, pero luego son asignados a un vecindario afroamericano. Y ese vecindario afroamericano es un área infestada de crimen, es totalmente diferente al lugar de donde vienen”, dijo él. “A veces pueden juzgar mal el carácter de una persona porque comienzan a ver a todos igual”.
Mientras que la raza tiene que ver algo con eso, dijo Wooten, no siempre es un factor.
“Cuando ves al teniente Evans, un hombre afroamericano criado en una comunidad afroamericana, su enfoque principal no es el ser racista pero limpiar su comunidad”, él dijo. “Es un oficial a la antigua que dice, ‘Oigan, escuchen. ¿Están moviendo drogas en su cuadra? Vamos a ir allá, vamos a revisarlo y vamos a lidiar con eso’”.
“El teniente Evans va a [recibir] demandas hasta que esté retirado”, agregó Wooten con una risa. “Y probablemente será demandado después de eso”.
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Durante la mayor parte de la década pasada, el Departamento de Leyes de Chicago y activistas de responsabilidad policial han peleando en los tribunales si el departamento de policía debe ser forzado a divulgar una lista de oficiales que repetidamente han sido señalados por ciudadanos civiles por su mala conducta. Los abogados de la ciudad han hecho grandes esfuerzos por mantener los nombres en secreto. Un juez federal ha apoyado sus esfuerzos.
“La vasta mayoría de oficiales no están afuera acumulando denuncias de abuso”, dijo Futterman, quien ha sido el abogado principal presionando a la ciudad para la divulgación. “Pero un pequeño porcentaje recibe un extraordinario número de denuncias de abuso—y de los más serios tipos de abuso”.
La responsabilidad de investigar las denuncias de mala conducta cae casi exclusivamente en la autoridad de evaluación financiada por la ciudad, además de la División de Asuntos Internos del departamento de policía. La autoridad de evaluación es la primera parada para presentar todas las denuncias de mala conducta, pero la agencia mayormente investiga denuncias de fuerza excesiva, coerción y tiroteos de la policía. El resto son envidas a la División de Asuntos Internos. Ambas agencias mantienen una ficha del número de denuncias presentadas en contra de los oficiales individuales. Sus nombres nunca se hacen públicos.
La autoridad de evaluación reporta haber manejado 28,176 casos entre 2009 y 2011. Su equipo de 48 investigadores fue responsable de evaluar 6,416 de las denuncias, mientras que el resto fueron enviadas a la División de Asuntos Internos o a la Oficina de la Procuradora Estatal del Condado de Cook.
El tiempo de respuesta para investigar las acusaciones puede ser lento. Aproximadamente un cuarto de las que fueron presentadas en 2010 aún están por revisarse. Otro 55 por ciento de las denuncias presentadas en 2011 permanecen abiertas.
Harold Winston, un antiguo defensor público y miembro de la Coalición de Responsabilidad Policial de Chicago, la cual presionó para reemplazar la Oficina de Normas Profesionales del departamento de policía con la autoridad de evaluación, dijo que, aunque no es perfecta, la nueva agencia es una mejora marcada.
“En los viejos tiempos, cuando [la Oficina de Normas Profesionales] hacía una investigación, el superintendente podía guardarla en un cajón”, dijo él. “Eso ya no puede pasar”.
Además de mayor poder—la autoridad de evaluación ahora tiene el poder de citar—se supone que indagarán las acusaciones detrás de la mayoría de demandas por mala conducta.
Pero el conducir investigaciones de las demandas no viene sin complicaciones, dijo Rosenzweig. Muchos nunca pasan de la primera etapa de evaluación porque, bajo estatuto estatal y el contrato del sindicato de la policía, los oficiales están fuera del alcance a menos que un demandante firme una declaración bajo juramento. En un sistema donde los arreglos fuera de los tribunales dominan, los casos pueden ser cerrados antes de que los demandantes inclusive sean depuestos, ella dijo. E incluso cuando las deposiciones no son completadas, pueden ser tenues en los detalles esenciales.
Aún, la oficina de Rosenzweig envía cartas notificándoles a los demandantes que necesitan presentar una declaración para darle vida a su investigación. Las respuestas varían. “Algunos lo hacen”, dijo ella. “Algunos no”.
Los defensores de la responsabilidad policial dicen que el proceso pone una carga excesiva en las personas que han sido abusadas por la policía y le quita la responsabilidad a la ciudad de tener que entrevistar a los oficiales.
“Es lo mismo que hacían con” la Oficina de Normas Profesionales, dijo Willis. “Le daremos al oficial el beneficio de la duda; ni siquiera los entrevistaremos…a menos que vengas y firmes algo”.
Una vasta mayoría –o el 91 por ciento—de las demandas revisadas y cerradas por la oficina de Rosenzweig en 2009 fueron etiquetadas como “sin declaración”. Ni una sola denuncia de una demanda civil ha sido sostenida durante los 3 últimos años, según el análisis del Reporter de los registros de la agencia.
Eso podría cambiar cuando algunas de las denuncias pendientes—las cuales, en un estimado de Rosenzweig, son desproporcionadamente más fuertes que las que fueron desechadas—son resueltas.
Hay otras vías para abordar la mala conducta también. Entre 2010 y 2011, la autoridad de evaluación envió 223 casos de posible comportamiento criminal de oficiales a la Oficina de la Procuradora Estatal del Condado de Cook Anita Álvarez para un posible enjuiciamiento. Los fiscales han presionado por cargos de felonía en cuatro de esos casos. La oficina de Álvarez también está manejando otros cinco casos que fueron enviados por la División de Asuntos Internos del departamento de policía.
El superintendente y la Junta de la Policía de Chicago son en última instancia responsables por disciplinar a los oficiales.
No hay mucha información pública acerca de cuantos oficiales han sido disciplinados—o por qué razón. La División de Asuntos Internos reporta que cinco de los oficiales que ellos recomendaron que fueran disciplinados fueron despedidos por la Junta de la Policía de Chicago en 2010.
El Reporter encontró que dos de los 140 oficiales nombrados en las múltiples demandas fueron disciplinados por la junta policial. Ninguna de las decisiones fue basada en los hechos de la demanda civil.
En los que a Rennie Simmons se refiere, él aún está en conflicto sobre cuál será el castigo para el teniente Evans. Él tiene profundas raíces en el Departamento de Policía de Chicago, con amigos y primos en la fuerza.
“Honestamente hablando, no quiero que nadie pierda su trabajo”, él dijo.
Él hace una excepción con los oficiales como Evans.
“Sabes, este tipo era arrogante”, dijo Simmons. “Después de haberse enterado que había cometido un error, él siguió con sus mentiras. Él seguía, y seguía”.
“Ahora ya tenemos a algunos policías buenos, no me lo tomes a mal. Tenemos a algunos buenos policías. Pero se les culpa por todas las cosas que los malos policías hacen”.
“Él necesita ser removido de la fuerza policial”, agregó Simmons. “Necesita ser”.
Yisrael Shapiro, Christie Thompson y Samantha Caiola ayudaron con la investigación de este artículo.