An offender among us (En Español)

LaKicia Brown camina de manera confidente, pero sus ojos tienen un toque de preocupación. Una educadora veterana con una década de experiencia antes de haber abierto Loren Children’s Learning Center en el vecindario de South Shore en 2006, Brown pensó que conocí­a todos los asuntos que le deberí­an preocupar.

Pero no se dio cuenta hasta recientemente que James Lilly viví­a al lado de su centro de cuidado de niños. O que Alan Campbell y Roderick Wesley viví­an en la próxima cuadra en la Avenida South Merrill. Los tres hombres son condenados agresores sexuales de niños–”y están violando una ley estatal con vivir a menos de 500 pies del centro de Brown. Sin embargo, los hombres están categorizados “en cumplimiento” en el registro estatal de agresores sexuales.

“Definitivamente es una preocupación porque se trata de niños,” dijo Brown. “Nunca sabes realmente lo que va a pasar así­ que tomamos las precauciones necesarias para asegurar que [el abuso sexual] no ocurra aquí­.”

Estas medidas incluyen poniendo cerraduras en las puertas del frente y atrás, instalando cámaras de video en el centro y dejando que los niños jueguen en un jardí­n cerrado.
Es posible que muchos otros centros tengan que tomar precauciones similares.

En Chicago, 797 agresores sexuales y predadores de niños están violando la regla de residencia del estado con vivir dentro de 500 pies de una escuela, un patio de recreo o centro con permiso de cuidado de niños, encontró The Chicago Reporter. Y lo están haciendo con impunidad, porque las agencias del orden público han hecho poco para tomar medidas duras contra estos violadores.

El análisis de Reporter encontró que estas violaciones ocurrieron en comunidades a través de la ciudad, pero más frecuentemente en los vecindarios pobres y de afroamericanos.

The Reporter entrevistó a casi una docena de oficiales elegidos locales y estatales, pero pocos parecí­an estar concientes del número alto de violaciones. Esto puede ser en parte porque los registros en lí­nea de agresores sexuales mantenidos por la Policí­a Estatal de Illinois y la Ciudad de Chicago son efectivos en marcar solo un número pequeño de violaciones.

Una gran mayorí­a de violaciones son probablemente pasadas por alto porque los registros, mientras permiten a sus usuarios a buscar los agresores sexuales por proximidad a escuelas y parques, no toman en cuenta los sitios de más de 3,300 centros con licencia de cuidado de niños en la ciudad.

El registro de la policí­a estatal incluso describe a 693 quienes están violando la regla de residencia en Chicago “en cumplimiento.” Más del 40 por ciento de estos agresores, de hecho, viven dentro de 500 pies de dos o más centros.

Y las agencias del orden público pueden producir poca evidencia de que han sido atentos en aplicar la regla de residencia en la ciudad.

El Departamento de la Policí­a de Chicago rehusó responder a las peticiones repetidas de Reporter para un comentario acerca del tema. La Oficina del Procurador del Estado del Condado de Cook dijo que no cuenta cuantas violaciones los departamentos locales de la policí­a han sido reportadas. La oficina también dijo que presentó dos cargos en contra de violadores de residencia en 2008, cuatro en 2009 y solamente uno en 2010.

Esta falta de aplicar la ley consternó a la Senadora Estatal Iris Martí­nez, cuyo distrito tení­a a 34 agresores violando la regla de residencia.

“Tenemos leyes porque estamos tratando de proteger a nuestros niños,” dijo Martí­nez. “Otra vez, decimos a las agencias del orden público, –˜Tienen que dirigir su dinero y sus recursos a lo que es más importante.’

“No es aceptable que tomemos este actitud. Puede significar que la vida de un niño puede ser salvada,” dijo ella.

Polly Poskin, directora ejecutiva de Illinois Coalition Against Sexual Assault, un grupo abogador basado en Springfield, IL, reconoció la escasez de recursos disponibles pero advirtió que las consecuencias de abuso requieren vigilancia del tema. “Viviendo en una época de recursos limitados puede convertirse en complacencia acerca de la responsabilidad,” dijo ella.

“Cuando un abuso sexual ocurre, es un vací­o tremendo en la habilidad de la gente de funcionar de la manera que les gustarí­a y una pérdida para la comunidad y la sociedad en general.”

El Concejal Anthony Beale, cuyo distrito 9 tuvo 37 violadores de la regla de residencia, el sexto total más alto en la ciudad, hizo eco de la preocupación y pidió que se tomara una acción, legislativa u otra.

“La seguridad de los niños es siempre primero y principalmente relacionado a la seguridad pública,” dijo él. “Si esto es un tipo de contracorriente debajo del radar, tenemos que tratarlo agresivamente.”

La ley de Illinois dice que los agresores sexuales de niños no pueden concientemente vivir dentro de 500 pies de una escuela, patio de recreo o “institución de cuidado de niños, centro de cuidado de niños, centro de cuidado de niños de tiempo parcial o un centro que provee programas o servicios exclusivamente dirigidos a las personas menores de 18 años de edad.”

Cuando los agresores sexuales son liberados de la cárcel, el Departamento de Correcciones de Illinois inicialmente es responsable por asegurar que su nueva residencia cumple con la regla de residencia del estado, dijo Cara Smith, la jefa del estado mayor del departamento.

En Chicago, los agresores sexuales se tienen que registrar dentro de tres dí­as después de su liberación con el departamento de la policí­a, y, dependiendo en su ofensa, re-registrarse cada tres o 12 meses.

El Departamento de la Policí­a de Chicago rehusó peticiones repetidas para información acerca de si revisan la regla de residencia como parte de la registración de los agresores.

Los agresores quienes cumplen con sus responsabilidades son enlistados “en cumplimiento” por la policí­a estatal en su registro de agresores sexuales, dijo Isaiah Vega, un portavoz del departamento.

Pero siendo identificado en cumplimiento no significa nada para la regla de residencia.
En Chicago, el 44 por ciento de los 1,573 ofensores sexuales de niños quienes son identificados en cumplimiento viví­an dentro de 500 pies de una escuela, un patio de recreo o centro con licencia de cuidado de niños. También 335, o 44 por ciento, de los 755 “predadores” sexuales de la ciudad, un grupo de agresores quienes han sido condenados con crí­menes más serios que los agresores sexuales de niños.

Estas violaciones ocurrieron más frecuentemente y en un porcentaje más alto en comunidades con ingresos menores del promedio mediano de la ciudad, encontró el análisis de Reporter. La misma tendencia ocurrió en vecindarios predominantemente afroamericanos.

En el vecindario de Austin del lado oeste, por ejemplo, 66 de 84–”o 79 por ciento–”de los agresores sexuales de niños identificados en cumplimiento, están violando la regla de residencia–”el número más alto en la ciudad. El vecindario de Auburn Gresham tiene 38 de 45–”o 85 por ciento–”de sus agresores en las mismas circunstancias. Ambas comunidades tení­an ingresos medianos más bajos que el de la ciudad y ambas áreas son predominantemente afroamericanas.

En contraste, Forest Glen, un vecindario predominantemente blanco en el lado noroeste que tiene un ingreso mediano significantemente más alto que el de la ciudad, tení­a solamente dos agresores y ninguno violó la regla de residencia.

En total, el 64 por ciento de todas las violaciones de la regla de residencia ocurrieron en vecindarios predominantemente afroamericanos en comparación con el 12 por ciento en comunidades latinas y un 4 por ciento en vecindarios blancos.

De las 77 áreas comunitarias de la ciudad, el 35 por ciento eran predominantemente afroamericanas, de acuerdo con un análisis de Reporter de datos del censo. Comunidades con una mayorí­a de latinos componen el 16 por ciento, mientras el 19 por ciento de los vecindarios eran predominantemente blancos.

Esta variedad en niveles de cumplimento es causada en gran parte por el hecho de que más agresores sexuales viven en comunidades afroamericanas y más centros con licencias de cuidado de niños también están localizados en esos vecindarios. Comunidades afroamericanos tení­an el 57 por ciento de todos los centros con permisos de cuidado de niños en Chicago, comparado con solamente un 11 por ciento en vecindarios latinos y un 6 por ciento en áreas blancas.

Pero Maria Whelan, presidenta de Illinois Action for Children, un grupo abogador de niños basado en Chicago, dijo que el número de violaciones actualmente puede ser más alto.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois encontró que el 35 por ciento de los niños de Chicago menores de 4 años de edad están siendo cuidados informalmente por amigos, familiares y vecinos–”en centros sin licencias del Departamento de Servicios Familiares y de Niños de Illinois.

Whelan dijo que la aprobación en 1996 de la reforma del programa de asistencia social (welfare) y los horarios de trabajo impredecibles de muchas madres solteras han creado un mercado para proveedores de cuidado de niños en la comunidad que pueden satisfacer las necesidades de las personas con horarios de trabajo que cambian constantemente.

El número de personas cuyas ocupaciones eran indicadas como “cuidado de niños” en el censo aumentó el 14 por ciento en Chicago de 17,790 en 2005 a 20,240 en 2009–”el doble del í­ndice de crecimiento de todos los trabajos en la ciudad, de acuerdo con un análisis de los datos del censo por Reporter.

La gran mayorí­a de violadores de la regla de residencia–”767, o el 94 por ciento–”viven cerca de centros de cuidado de niños. 15 de los violadores estaban cerca de escuelas, mientras otros 31 viven cerca de patios de recreo.

Sin embargo, registros en lí­nea de agresores sexuales fallan en prestar atención a los sitios de centros de cuidado de niños. El registro de la ciudad puede ser buscado por los sitios de los agresores sexuales por distrito, escuela, parque o dirección pero no por centro de cuidado de niños.

El registro de la policí­a estatal muestra los sitios de cada agresor sexual, junto con iconos para cada parque y escuela en el estado, pero no hay iconos similares para centros de cuidado de niños.

El Concejal Beale dijo que la ausencia debe de terminar. “Si tienes parques y escuelas, deberí­as tener a [centros de] cuidado de niños también,” dijo él.

Vega de la policí­a estatal dijo que la colocación de los iconos identificando a las escuelas y los parques va más allá de lo que requiere la ley. Personas preocupadas pueden escribir la dirección del centro de cuidado de niños e identificar el número de agresores viviendo dentro de un radio de 500 pies, dijo él.

Ann Spillane, jefa del estado mayor de la Oficina del Procurador del Estado, dijo que los centros de cuidado de niños deberí­an ser incluidos en el sitio como parte de dar al público la mayor información posible.

Además de la falta de información acerca de los centros de cuidado de niños y patios de recreo, el registro de la policí­a estatal puede ser engañoso. En el sitio, las palabras “en cumplimiento” simplemente significan que los agresores han cumplido con la ley estatal con registrarse a los intervalos ordenados. El estatus de cumplimiento del agresor no tiene nada que ver con si está cumpliendo con la regla de residencia, lo cual es monitoreada por la policí­a local, dijo Vega.

Como resultado, los agresores pudieran estar viviendo literalmente en el mismo edificio que un centro de cuidado de niños y todaví­a estar calificados en cumplimiento. The Reporter descubrió una instancia así­ en Chicago.

Pero tal información aparentemente no se comparte regularmente entre las agencias relevantes.

Spillane dice que eso ha sido un problema continuo. “Deberí­amos estar usando la tecnologí­a de las computadoras disponible y permitir a la gente que vea por medio de mapas donde están los centros de cuidado de niños y donde viven los ex-agresores,” dijo ella. “Hemos batallado por años para que todas las agencias relevantes hablen entre ellos e intercambien datos regularmente para que el público pueda estar armado.”

La falta de datos de centros de cuidado de niños en los registros en lí­nea es un buen ejemplo.

DCFS mantiene una lista de centros con licencia de cuidado de niños en el estado en el sitio Sunshine Illinois. Kendall Marlowe, un portavoz de DCFS dijo que su departamento “responde regularmente” a peticiones de agencias del orden público para listas de centros de cuidado de niños pero no las comparte con la policí­a estatal o la Ciudad de Chicago de manera continua.

Tales problemas revelan un sistema inadecuado, dijo Martí­nez. Ella agregó que ninguna agencia del orden público está tomando suficiente responsabilidad para cambiar esta situación insostenible. Ella dice que planea “ver lo que tenemos en la ley actual, buscando si es cuestión de enmienda o ejecución.”

Las opiniones varí­an mucho acerca de la eficacia de las restricciones de residencia en mantener a los niños seguros.

Ed Yohnka, director de comunicaciones y pólizas públicas en American Civil Liberties Union of Illinois, mantuvo que la ley hace lo opuesto de su efecto intencionado. Con darles a los agresores tan pocos lugares donde vivir, dijo él, la legislación les hace menos probables de registrarse y esencialmente les empuja hacia la clandestinidad.

Jill Levenson, una profesora asociada en la Universidad Lynn en Boca Raton, Fla., ha escrito un número de estudios que han demostrado que las restricciones de residencia no tienen ninguna conexión a las í­ndices reducidas de abuso sexual de niños. “No parece haber ninguna correlación real estadí­stica entre la proximidad a una escuela o centro de cuidado de niños y la probabilidad de que un agresor vuelva a delinquir,” dijo Levenson.

Pero la Senadora Estatal Jacqueline Collins rehusó la noción de que los agresores viviendo tan cerca de un centro de cuidado de niños no presentan un riesgo para los niños, notando que la mayorí­a de los secuestradores de niños atacan cerca de sus propios vecindarios. Por lo común, ella dijo, esos vecinos son negros.

Los registros pueden dar a los padres un sentido falso de seguridad, dijo Margie Slagle, una abogada quien se especializa en el tema de abuso sexual de niños en Ohio Justice and Policy Center. Esto puede disuadir a los padres a aprender acerca del tema. Ella apoyaba una estrategia donde los agresores son evaluados por psicólogos por su riesgo de volver a delinquir, en vez de ser sujetos a una restricción uniforme de residencia.

Levenson dijo que la regla de residencia de Illinois es poco severa, con muchos otros estados y municipalidades usando distancias de 2,000 o hasta 2,500 pies.

The Reporter encontró que los agresores les eran prohibidos vivir en un 34 por ciento del área total de la ciudad. Este análisis no distinguí­a entre áreas residenciales o comerciales.
El Concejal Beale exigí­a niveles más altos de cumplimiento con la ley existente. “Si tengo que reunir a mis legisladores estatales, lo haré,” dijo Beale.

La Concejal Leslie Hairson, cuyo 5to distrito incluye a mucho del vecindario de South Shore, donde está localizado Loren Child Care Center, pidió sesiones informativas regulares de la policí­a con los concejales acerca del registro para que puedan mantener informados a sus constituyentes.

De regreso en el Centro, Brown pide firmemente a Tristan, una niña de preescolar, que se siente en su silla antes de voltearse para sonreí­r tiernamente a un niño a quien la agradece por sacarle punta a su lápiz. Mientras dice que ella no apoya el sacar a la fuerzas los agresores de la comunidad, tampoco apoya el comprometer acerca del estatuto existente. “Los niños son la primera prioridad,” dijo ella. “Los adultos están aquí­ para protegerlos.”

Contribuyendo: Angela Caputo, Kimbriell Kelly y Alden Loury. Allison Griner, Louis McGill y A. Jay Wagner ayudaron a investigar este artí­culo

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