Camino a la ruina

Los funcionarios públicos han intentado varias tácticas para frenar las ventas de heroína a lo largo de un tramo de la Interestatal 290, conocido como la “carretera de la heroína”, porque es fácil conseguir drogas en los vecindarios que la rodean. Fotografía por Lucio Villa.

Los funcionarios públicos han intentado varias tácticas para frenar las ventas de heroína a lo largo de un tramo de la Interestatal 290, conocido como la “carretera de la heroína”, porque es fácil conseguir drogas en los vecindarios que la rodean. Fotografía por Lucio Villa.

En agosto, el Representante estatal Dennis Reboletti, un Republicano del suburbio Elmhurst al oeste, emitió una severa advertencia: “Estamos poniendo a los traficantes [de drogas] de incluso pequeñas cantidades sobre aviso: Irán a prisión”.

Reboletti, un ex fiscal de narcóticos, había estado presionando a sus colegas de la Asamblea General de Illinois para que lo ayudaran a reducir la velocidad en la “carretera de la heroína”. Es un apodo que los funcionarios públicos le dieron a la Interestatal 290 porque es un tiro recto de las frondosas comunidades suburbanas del oeste a un tramo de los vecindarios más pobres de Chicago. Un creciente número de adolescentes de los suburbios se han enterado de que es fácil conseguir drogas allí.

Hace una década, la policía de Chicago estimó que el 60 por ciento de las ventas de heroína de la ciudad fueron hechas en vecindarios a lo largo de la autopista. Eso llevó a los funcionarios públicos a intentar diferentes tácticas para frenar el tráfico de heroína. En el 2002, el director de narcóticos del Fiscal del Condado de Cook, William O’Brien, se comprometió a confiscar los autos de los foráneos que fueran sorprendidos comprando drogas al oeste de la ciudad. “Estamos tratando de atacar a los compradores”, O’Brien declaró al Chicago Sun-Times. Más tarde ese año, los legisladores estatales hicieron la condena en prisión obligatoria para cualquier persona declarada culpable de vender más de 5 gramos de heroína. El umbral fue reducido de nuevo en agosto por una ley que Reboletti patrocinó. Ahora cualquier persona declarada culpable de vender 3 gramos de heroína debe cumplir una condena obligatoria tras las rejas.

Estas leyes mejoradas están enfocadas en detener el flujo de drogas, pero han llegado a un enorme costo, encontró el Chicago Reporter.

Menos de 13 leyes de drogas mejoradas aprobadas del 2000 al 2011, 5,671 sentencias se han dictado en tan sólo el Condado de Cook.

Eso llevó al estado a asumir un estimado de $220 millones en costos de encarcelamiento, muestra el análisis del Reporter de los registros de la Corte de Circuito del Secretario del Condado de Cook. Los costos por preso fueron calculados en base al análisis del Reporter de los registros del Departamento de Correcciones de Illinois que mostraba el tiempo promedio que los criminales de drogas cumplen de sus sentencias.

Las sentencias obligatorias también han jugado un papel en el impulso de la población en las prisiones de Illinois a un máximo histórico de 49,494 en noviembre del 2012. “No tenemos la misma puerta giratoria”, dijo Walter Boyd, director ejecutivo de la organización no lucrativa St. Leonard’s Ministries, la cual ofrece servicios a los ex delincuentes. “Pero hay sentencias más largas, y [los presos] se están acumulando”

Los legisladores han hecho poco por hacer frente a los costos antes de adoptar las leyes, encontró el Reporter. Sólo tres de las 13 leyes relacionadas a las drogas aprobadas en la Legislatura estatal desde el 2000 vinieron con un análisis financiero.

Los legisladores necesitan comenzar a hacer frente los costos de leyes de drogas más estrictas antes de pasarlas, dijo Kathleen Kane-Willis, la directora del Consorcio de Política de Drogas de Illinois de La Universidad Roosevelt. “Es algo así como la obligación de pensión”, dijo. “Puedes votar por ella y no financiarla pero, finalmente, tendrás una crisis”.

Si hubiera un análisis financiero adjuntado a las propuestas de ley antes de ser aprobadas, agregó, “podría poner freno a este tipo de leyes”.

El Concilio Asesor de Política de Sentencia de Illinois, creado por la Legislatura estatal en el 2009 para ayudar a los legisladores a pensar cómo reducir la población de presos y los costos de Illinois, soltó la pelota, dijo Pam Rodríguez, presidenta de Tratamientos Alternativos para Comunidades Seguras, uno de los más grandes programas de tratamiento y desviación de drogas. El concilio de sentencia no estudió el costo de la más reciente mejora de drogas introducida por Reboletti. “Yo planteé la pregunta, en varios lugares, por qué [el concilio] no analizó esta propuesta de ley, lo cual está claramente en su mandato”, dijo Rodríguez. “No recibí una respuesta real a esa pregunta”.

Kathryn Saltmarsh, directora ejecutiva del concilio de sentencia, dijo que la respuesta se relaciona a cómo la medida se movió a través de la Legislatura. Fue metida dentro un proyecto de ley cáscara y adoptada por los legisladores en cuestión de seis días. “Parte de la realidad del proceso político”, dijo Saltmarsh, “es que hay algunas propuestas de ley que nunca serán susceptibles al [análisis] porque son de vía rápida”.

El truco, Rodríguez dijo, es que muchas de las leyes más duras que incrementaron los números de encarcelamientos han sido aprobadas en recientes años, y esos cambios llegaron a la misma vez que los programas de tratamiento de drogas y otros programas de desviación—los cuales ella ve como más eficientes en costos—enfrentaron recortes en los 2000s.

“Si de verdad queremos tratar el impacto en la seguridad pública, tenemos que darnos cuenta que no podemos penalizar nuestra salida de un problema de salud pública”, dijo. “Escalar las sanciones a una población que ya está en desventaja tiene el efecto opuesto”.

Reboletti, quien también es miembro del concilio de sentencia, dijo que es lamentable que más dinero no sea invertido en programas de abuso de sustancias o programas de salud mental.

“Me encantaría, en un mundo perfecto, poder invertir dinero antes de que las personas terminen en el sistema penitenciario”, agregó Riboletti. “Al final del día, luchas contra el crimen lo mejor que puedes”.

Pero John Maki, director ejecutivo del grupo de reforma penitenciaria, la Asociación John Howard de Illinois, dijo que el jurado todavía está deliberando si el enviar a los criminales no violentos a prisión es la forma más efectiva de reducir el crimen. Él cree que los servicios de salud mental y la creación de empleos decentes y vivienda podrían ser más efectivos en la reducción de costos correccionales.

“La prisión es una solución rápida. Es una simple reacción –enciérrenlos, y la gente se siente mejor”, dijo. “Necesitamos pensar sobre el control del crimen en una forma que no se trate sólo de la ley”.

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Eric Ware creció a lo largo de un tramo que pone la “heroína” en la “carretera de la heroína”. Ware tiene 38 años de edad y tiene una sonrisa tímida. Lleva una barba muy corta y habla con un ligero balbuceo. Las líneas finas alrededor de sus ojos dan a entender la dura vida que se ha hecho por sí mismo.

Ware dijo que comenzó a fumar fenciclidina, mejor conocida como PCP, con regularidad a los 12 años. A los 16, después de “jugar” con la droga alucinógena, se fue de juerga y robó una serie de restaurantes de comida rápida no muy lejos de la casa donde creció en el vecindario de Austin del oeste de la ciudad. “Conseguí una pistola para robar tres Kentucky y un Churchill’s”, dijo, refiriéndose a las cadenas de pollo frito.

Ware fue declarado culpable en 1991 de cuatro cargos por robo armado y posesión de armas. Pasó su adolescencia entera tras las rejas y fue puesto en libertad en su cumpleaños 21.

No pasó mucho tiempo antes de que regresara a usar y luego a traficar, drogas. Después de un tiempo, se trataba menos de poner dinero en su bolsillo y más de mantenerse drogado. “Estaba vendiendo drogas, robando, haciendo básicamente todo por conseguirla”, dijo.

Eso siguió por casi 20 años y, por su conteo, lo llevó a parar en la Cárcel del Condado de Cook al menos 50 veces. Ware fue declarado culpable en un puñado de los casos—el robo a mano armada, y una serie de tráfico de drogas, posesión y casos de robo. Entre 1991 y el 2009, cumplió tres temporadas en la penitenciaría del estado.

Su última convicción por tráfico de drogas comenzó en un lote baldío de Humboldt Park, cerca de la Avenida Cícero y la Calle Huron, en el 2007. Llegó allá en la mañana y comenzó a drogarse y a vender heroína. “Estaba tan drogado”, dijo, “terminé sirviéndole a un [oficial] de la policía encubierto dos veces”.

En algún momento de la tarde, la policía se movilizó a hacer el arresto. “Yo iba al baño, y me alcanzaron”, dijo Ware. “Me alegro de no haber tenido un arma porque cuando me alcanzaron, tenían máscaras de esquí, y no sabía que eran policías”. Lo esposaron y lo acusaron de vender 3 gramos de heroína. En unos meses, fue declarado culpable y sentenciado a tres años en prisión.

“Fue un caso dulce”, recuerda Ware. “Los besé porque recibí tres años en dos entregas”.

Esa es exactamente la clase de actitud que Reboletti estaba tratando de interceptar cuando presentó una propuesta que reducía el umbral de la sentencia obligatoria en prisión por convicciones de narcotráfico de heroína. “Es un elemento de disuasión”, dijo. “La gente recibe libertad condicional y están de vuelta en la calle”.

Ha tenido un costo. Cuando el umbral de la heroína fue reducido por primera vez en el 2002, de Departamento de Correcciones de Illinois estimó que aumentaría la población de las prisiones del estado por 76 reclusos al año. Fue una de las pocas propuestas de mejora de drogas a las que el estado le puso precio: costos de encarcelamiento: $18.5 millones al año. El estimado resultó ser una bola baja.

Las condenas comenzaron a alcanzar su máximo bajo el estatuto en el 2004 y, para el 2011, la venta de bajos niveles de heroína subió al 5º lugar entre los cargos más comunes que llevaron a condenas en prisión en el Condado de Cook, muestra el análisis del Reporter. Al menos 5,739 condenas aseguradas bajo ese singular estatuto llevaron a condenas de prisión. Si los criminales cumplían 23.4 meses—la duración promedio para una condena Clase 1 por drogas, según un análisis del Reporter de los registros del departamento de correcciones –significaría que el estatuto le costó al estado más de $219 millones entre el 2003 y el 2011, muestra el análisis.

¿Cómo impactará el cambio más reciente a la ley a las prisiones estatales? “Aún no lo sabemos”, dijo Reboletti. ¿Cuántos caerán entre 5 y 3 gramos? Me gustaría ver como estarán esos números dentro de un año”.

De cualquier forma, Ware no cree que las leyes hubieran hecho la diferencia para él.

“La personas promedio, no pensamos en [las consecuencias]. Luego nos atrapan y pensamos, ‘Debí haberlo hecho de esta manera, o de esa manera’, pero es demasiado tarde ahora”, dijo. “No funciona. Mira todas las veces que me han encerrado”.

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En el 2011, aproximadamente el 20 por ciento de los presos del Departamento de Correcciones de Illinois fueron encarcelados por un delito de drogas. Una parte desproporcionada vino del Condado de Cook, en donde casi la mitad de todas las sentencias de prisión fueron dadas por tráfico de drogas o posesión.

Estos delincuentes están cumpliendo sentencias más largas en parte debido a estas mejoras. Una sentencia promedio por drogas en el Condado de Cook fue de 70 días más en el 2011 que en el 2000, el análisis del Reporter muestra.

El ya retirado Juez de la Corte de Apelaciones de Illinois Gino DiVito preside el concilio de sentencias de 22 miembros, el cual está compuesto por legisladores, funcionarios de correcciones y jueces. El hecho de que el concilio existe es prueba de que los funcionarios estatales saben que tienen un problema, dijo.

Pero DiVito predijo que habrá poca acción en torno a la reevaluación de las existentes leyes de drogas en gran parte porque, políticamente, es un imposible en la legislatura del estado. “No estoy seguro si eso es factible”, dijo. La Legislatura “no está dispuesta a hacer eso”.

El resultado final, dijo Kane-Willis, es que “no puedes sólo seguir cambiando las leyes sin tener consecuencias en el existente sistema”.

En enero, una propuesta presentada por la Senadora estatal Pamela Althoff, Republicana del Condado de McHenry, murió en el Senado de Illinois. Hubiera requerido que un análisis financiero fuera conducido antes de que cualquier ley fuera puesta a votación por los legisladores. Menos del 2 por ciento de las 650 leyes pasadas por la Legislatura estatal en el 2011 incluyeron una nota fiscal, según el Instituto de Política de Illinois, un grupo de vigilancia fiscal.

Otros estados han adoptado medidas similares que han tenido cierto éxito en atajar los caros cambios de política. Los legisladores de Carolina del Sur, por ejemplo, adoptaron la Ley Omnibus de Reforma a la Reducción del Crimen y Sentencias del 2010, la cual se prevé que le ahorrará al estado aproximadamente $241 millones en costos de encarcelación en cinco años.

Sin ese tipo de requisito, Rodríguez dijo, al menos, “Tiene que haber un mecanismo de activación que enviaría” las propuestas al concilio de sentencia para un análisis financiero antes de ser pasados.

“¿Hubiera eso cambiado el resultado? No lo sé”, ella dijo sobre las nuevas sanciones reforzadas por traficar heroína. “Creo que mucha gente está dispuesta a gastar mucho dinero en la encarcelación”.

Para Reboletti, el costo de hacer nada para disuadir el problema de drogas en su distrito es demasiado grande para ignorarlo.

En el 2010, los hospitales de Chicago y sus suburbios circunvecinos trataron a más personas por sobredosis de heroína que en cualquier otra ciudad grande del país, según un estudio del Consorcio de la Política de Drogas de Illinois de la Universidad Roosevelt.

El Dr. Richard Jorgensen, que trabajó en una sala de emergencia de los suburbios del oeste antes de ser elegido como el forense del Condado de DuPage dijo que las personas que se están sobredosificando parecen ser cada vez más jóvenes.

“Lo que es tan difícil”, agregó Jorgensen, “es que se tratan de niños pequeños. Están en la secundaria”.

“Si te vas a enfocar en cierta población y quieres que la gente salga de las calles, tienes que decidir si las condenas más largas en prisión van a hacer eso”, dijo Reboletti. “Siempre va a haber un costo fiscal con cualquier cosa que requiera la cárcel”.

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La suposición de Ware es que él y esos adolescentes suburbanos se metieron en las drogas por la misma razón.

“Creo que simplemente están tratando de encajar”, dijo. “Por eso comencé a fumar cigarrillos, mis cuates estaban fumando cigarrillos. Quería encajar. Por qué comencé a fumar [fenciclidina], porque ellos lo estaban haciendo”.

Él creció en el corazón del vecindario de Austin en la Avenida Laramie y la Calle Washington en un hogar de dos padres. Sus dos padres tenían trabajos. Su madre trabajaba en restaurantes, y su padre se prepara para retirarse de una larga carrera de supervisor de mantenimiento en un hospital de veteranos en Chicago.

“Vengo de una buena familia”, dijo. “Tenía todo lo que el niño promedio podía desear”.

Ware comenzó la secundaria en la Secundaria Austin Community Academy, pero abandonó la escuela en 1991 cuando fue encarcelado por primera vez.

Casi la mitad, o 23,259, de los presos encarcelados en el Departamento de Correcciones de Illinois en el 2011 nunca terminaron la secundaria. Una pequeña fracción nunca comenzó, muestra el informe anual del departamento. La mayor parte de los reclusos del estado, casi el 60 por ciento, son afroamericanos. Nueve de cada 10 son hombres.

Una de las mayores oportunidades que Illinois perdió en la lucha contra el crimen es que el departamento de correcciones carece de recursos para ofrecer programas de entrenamiento, dijo Kane-Willis. “Si sólo almacenas gente, si no los retienes y les das las habilidades para no volver a delinquir, no vas a reducir el crimen”.

La comisión de sentencias está lidiando con el asunto, dijo Saltmarsh. “El 90 por ciento de las personas encarceladas serán liberadas algún día”, dijo. “No hemos lidiado con lo que les va a pasar cuando sean liberados. Para asegurarse de que la gente no vuelva a delinquir”.

Para ello sería necesario añadir capacidad a los centros de tratamiento de drogas, clínicas de salud mental, programas de educación para adultos y de colaboración de empleo, todos los cuales han enfrentado recortes presupuestales durante la última década.

“En este momento, decimos que no tenemos el dinero para hacerlo”, dijo Saltmarsh. “Pero parte de eso es porque tenemos a demasiadas personas en prisión”.

Ware ahora está viviendo en St. Leonard’s House, un centro de rehabilitación ubicado a dos cuadras al oeste del United Center. Él dijo que va en serio lo de poner su vida en orden. “Ya estoy muy viejo [para estar encarcelado] ahora”.

Pero dejar su pasado atrás parece a veces imposible. “Solicité trabajos que he estado esperando por un año, y nunca se pusieron en contacto conmigo”, dijo Ware. “Los llamo, y lo primero que me dicen es que aún no han visto mi solicitud. Ya terminé de llenar tantas solicitudes. Y es triste”.

Sobrevive entregando pizzas los fines de semana. El último trabajo a largo plazo que tuvo fue de conserje en una guardería del oeste de la ciudad. Puede incluir ese periodo de cuatro años en su solicitud, pero eso palidece en comparación a sus antecedentes penales.

Por ahora, se respalda duro en St. Leonard. “No hay muchas personas que pueden vestirte y darte de comer y decirte ‘Puedes hacer cualquier cosa’”.

Durante los fines de semana, se queda en Austin con sus tres hijos y visita a su familia y viejos amigos.

“Regreso al vecindario sólo para decir, ‘Así es como era’. Creo, ‘Solía ser el tipo drogado de la esquina’. Ahora me doy cuenta que no hay nada allí más que problemas”, dijo.

James Reddick ayudó en la investigación de este artículo.

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