Esperando en vano

José, quien ganaba menos del salario mínimo y no recibía compensación por horas extras, presentó una demanda por robo salarial en el Departamento de Trabajo de Illinois. Él ha estado esperando por más de un año para recuperar los salarios adeudados, pero hasta ahora sólo ha recibido una carta del departamento confirmando que su demanda ha sido recibida. [Fotografía por Marc Monaghan.]

José, quien ganaba menos del salario mínimo y no recibía compensación por horas extras, presentó una demanda por robo salarial en el Departamento de Trabajo de Illinois. Él ha estado esperando por más de un año para recuperar los salarios adeudados, pero hasta ahora sólo ha recibido una carta del departamento confirmando que su demanda ha sido recibida. [Fotografía por Marc Monaghan.]

José no creyó que su vida podría empeorar.

Eso fue hasta que abrió los ojos y se dio cuenta que estaba tirado a media calle sintiendo un debilitante dolor en su espalda, rodilla y ojo izquierdo. Había sido atropellado por un auto mientras estaba de regreso en su bicicleta después de entregar unos pedidos de comida.

“Dios mío, ¿Por qué tengo tan mala suerte?” se preguntaba a sí mismo mientras la ambulancia lo trasladaba a un hospital.

Por seis meses antes del accidente, el guatemalteco de 29 años había estado trabajando en el restaurante Mello’s Carry Out, trabajando duro en la cocina 60 horas a la semana, ganando $6 por hora. Ocasionalmente entregaba pedidos de comida también. Él sabía que el dueño estaba violando la ley al no estarle pagando $8.25 por hora, el salario mínimo estatal, y compensación por horas extras, pero nunca habló porque tenía miedo de perder su trabajo. Además, el dueño le había prometido un aumento.

José regresó al trabajo al día siguiente—con varios golpes y dolor en su espalda y rodilla—sólo para que le dijeran que su jefe no cubriría ningún gasto médico.

“No tienes papeles o derechos,” supuestamente le dijo a José, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad. “Te voy a entregar a la inmigración porque no mereces estar aquí.”

Esa fue la última gota.

Él le pidió ayuda a un abogado de compensación laboral y reportó al dueño al Departamento de Trabajo de Illinois por violar las leyes de salario mínimo y horas extras, demandando la falta de pago de $11,652.

Eso fue en febrero de 2011. Hasta ahora José sólo ha recibido una carta del departamento, con fecha del 28 de julio de 2011, explicando que su caso está bajo investigación. Desde entonces renunció a pensar que nada bueno saldrá de este caso. “No creo que vaya a ver ese dinero,” él dijo.

José está entre unos cuantos desafortunados cuyas demandas de robo salarial en del Departamento de Trabajo están estancadas en un atolladero burocrático. Inclusive si la investigación de este caso llegara a su conclusión, las probabilidades de recuperar el monto total del dinero que el departamento determine que se le adeuda son extremas, según un análisis del Chicago Reporter de “las páginas de consulta de salarios,” uno de los cuantos archivos electrónicos mantenidos por el departamento.

De los más de 5,700 casos de robo salarial que se abrieron en 2010, un estimado de 6.3 por ciento aún estaba pendiente a partir de finales de 2011, el análisis del Reporter muestra. Una demanda de robo salarial promedio se llevó siete meses para ser investigada y alcanzar su resolución—exitosa o de otra manera.

Entre los casos completados y cerrados, el departamento encontró violaciones a la ley salarial el 59.9 por ciento de las veces, pero sólo un estimado del 28 por ciento de esos casos llevó a pagos completos verificables, mientras que un 17.6 adicional resultó en acuerdos y otras resoluciones o terminaron en los tribunales.

El resto—un estimado 54.4 por ciento—fueron cerrados y archivados después de haber sido clasificados como “pago asumido,” aunque las “páginas de consulta de salarios” del departamento muestran que sólo un estimado de 10.4 por ciento han resultado en pago parcial o en resultado alternativo.

Anjali Julka, el director de comunicaciones del departamento, dijo que no todas las actividades que tomaron lugar en algunos de los casos de “pago asumido” están reflejadas en los archivos electrónicos. “Nos damos cuenta de que nuestro sistema de computadoras no nos permite capturar…todos los salarios que son recuperados en una manera fácilmente recuperable,” ella dijo.

Julka también explicó que la clasificación de “pago asumido” puede ser aplicada no sólo a los casos que lleven al pago parcial o arreglo pero también a cualquier caso en el cual un trabajador no responda a un “cuestionario legal” que pida el consentimiento y la información necesaria para imponer demandas.

José Oliva, un antiguo organizador laboral de chicago quien ahora es el director de política nacional de Restaurant Opportunities Centers United, dijo que el departamento debe poner la carga sobre los empleadores para comprobar que hicieron el pago de restitución, en lugar de depender de los empleados para que hagan más papeleo.

El departamento “no llega muy lejos antes de cerrar la petición,” él dijo. “Está esquivando la responsabilidad del empleador, y no garantiza que el trabajador vaya a recibir el dinero que se le debe.”

Al cierre de la edición, el Departamento de Trabajo no le había proporcionado al Reporter los archivos escritos para determinar cuántos casos de “pago asumido” analizados llevaron al pago parcial del arreglo.

Kim Bobo, autora de “Robo Salarial en América” y directora ejecutiva de la Justicia Interreligiosa de Trabajadores, con sede en Chicago, dijo que las averiguaciones reflejan la percepción de los trabajadores y refuerza la noción de que confiar las agencias gubernamentales para recuperar salarios no funciona.

“Mucha gente no presenta una (demanda salarial) porque lo ven como una pérdida de tiempo,” dijo Bobo. “Ven el proceso como terriblemente largo donde ni siquiera puede que obtengas el dinero.”

Pero Joe Costigan, el director del departamento, dijo que él cree que la mayoría de los casos pronto pueden ser manejados de manera acelerada, gracias a las enmiendas a la Ley de Pago de Sueldos y Colecciones, la cual entró en vigor en enero de 2011. “Estamos en el proceso de implementar la nueva ley,” dijo él. “Pensamos que la ley brindará a los trabajadores suficiente mecánica y recursos, y estamos comprometidos a hacer que funcione.”

*    *    *

En 2008, investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago condujeron una encuesta de 1,140 trabajadores de bajos salarios con el fin de cuantificar la frecuencia con la que los empleadores en el Condado de Cook rompen las leyes laborales. El estudio, “Trabajo No Regulado en Chicago,” encontró que el 47 por ciento de los trabajadores de bajos salarios experimentaron robo salarial por lo menos una vez durante la semana laboral previa. Colectivamente, estos trabajadores perdieron más de $7.3 millones a la semana como resultado de las violaciones a la ley laboral.

A Bobo, las sombrías estadísticas no le sorprenden.

El robo salarial ha aumentado en los pasados 30 años y ha empeorado significativamente en los últimos dos años, dijo Bobo, que explicó que el tener menos sindicatos laborales ha jugado un papel importante. También señaló que el crecimiento de la industria de dotación de personal ha disminuido la relación laboral que alguna vez existió entre trabajadores y empleadores.

“Si eras leal a una compañía, esa compañía iba a ser leal contigo,” ella dijo. “Creo que he visto toda una erosión de contacto entre empleadores y trabajadores, y si ya no te sientes responsable de los cuidados médicos y la pensión de tus empleados, entonces probablemente tampoco te interesa pagarles justamente.”

Para recuperar los salarios perdidos, un pequeño número de trabajadores depende del sistema de tribunales. En el Tribunal del Distrito de los EE.UU. del Distrito Norte de Illinois, por ejemplo, se entablaron 304 demandas en 2010 citando la violación de la ley federal de Estándares Laborales Justos, encontró el Reporter. Aproximadamente el 34 por ciento de esos casos fueron demandas colectivas.

Christopher Williams, ex director de la Clínica Legal Working Hands, la cual representó a 75 trabajadores de bajos salarios en demandas entabladas en 2011, dijo que el bajo número de casos de robo salarial se debe en parte al hecho de que los abogados tienen muy pocos incentivos para tomar estos casos. Los abogados privados “sólo toman los casos donde los empleadores tienen una gran cantidad de activos o de empleadores que pueden pagar,” él dijo.

Fuera del tribunal, muchos trabajadores acuden a los grupos laborales sin fines de lucro para obtener ayuda. La mayoría de estos grupos usan “acción directa” como mandar a una delegación a hablar con el empleador u organizar protestas, para recuperar los salarios. Chicago Community and Worker’s Rights, por ejemplo, ayudó a recuperar casi $500,000 tan sólo en 2011.

Aún, la línea oficial de defensa para los trabajadores es el Departamento de Trabajo. Pero navegar el proceso puede tomar mucho tiempo. Primero, un trabajador entrega una petición de robo salarial, ya sea yendo a la oficina del departamento en el centro o enviándola por correo. Un empleador entonces es notificado de la demanda y tiene 15 días para responder. Si el empleador no responde, el caso es asignado a uno de los cuatro investigadores del departamento y a dos miembros adicionales del personal. Si el empleador responde la demanda, el departamento comienza el proceso de arreglar una audiencia.

En 2010, el departamento recibió 5,722 casos, y completó y cerró un estimado 89.3 por ciento, tomando siete meses en promedio, el análisis del Reporter muestra. A partir de finales de 2011, un estimado 6.3 por ciento aún estaban pendientes, y el resultado del 4.5 restantes era desconocido.

De los casos cerrados, el departamento encontró que un estimado 59.5 por ciento tenían una demanda válida de robo salarial. Según su protocolo, el departamento emitió “cartas de demanda” a los empleadores, instruyendo que el pago fuera enviado al departamento, el cual a su vez se los envía a los trabajadores. Pero dichos pagos fueron hechos a tan sólo un estimado 28 por ciento de los casos válidos, mientras que el 17.6 por ciento llevaron a un acuerdo y otras resoluciones o, cuando los empleadores respondieron, terminaron en los tribunales.

El departamento cerró el resto de los casos válidos—o 54.4 por ciento—clasificándolos como “pago asumido.” En sólo 10.4 por ciento de estos casos, las “páginas de consulta de salarios” muestran que los trabajadores recibieron un pago parcial o que los casos alcanzaron una resolución alternativa. En un caso, el departamento le ordenó a Community Care Systems que pagara $4,000, pero un mes después, el trabajador recibió un cheque por $199.55.

Las “páginas de consulta de salarios” no tienen en cuenta los resultados específicos del otro 89.6 por ciento de los casos de “pago asumido.” Julka dijo que esto es debido a la capacidad inadecuada del sistema de archivo electrónico del departamento, pero al utilizar documentos escritos que se mantuvieron para cada caso, el departamento puede dar “seguimiento a cada demanda para asegurarse que a los trabajadores se les pague los salarios que se les debe.”

Julka explicó que, además de los pagos y arreglos, cuando un trabajador no responde a un “cuestionario de acción legal” podría llevar a cualquier caso a ser clasificado como “pago asumido.”

[Se] asume que el caso ha sido resuelto a la satisfacción del empleado, ella dijo, “sólo cuando los empleados no responden si quieren tomar un crédito impugnado de audiencia, no comparecen a la cita de su audiencia o no responden cuando se les pide que proporcionen la información necesaria para acción legal que se deberá adoptar en el caso.”

Alejandro Caffarelli, un abogado de trabajo y ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Trabajo en Illinois, dijo que ha concluido que utilizar al departamento para recuperar sueldos no sirve de nada.

“Nunca hubiéramos pensado en mandar a alguien al departamento de trabajo cuando es tan fácil y efectivo el simplemente presentar la demanda directamente al tribunal,” dijo Caffarelli. “Muchos empleadores saben esto y simplemente se rehúsan a pagar sin ningún tipo de consecuencias prácticas.”

*    *    *

Cuando José acordó trabajar en Mello’s, él no pensaba que su pago semanal en efectivo de $360 era suficiente. Pero necesitaba el dinero.

Había sido un mes desde que el hombre de 29 años de edad había perdido su empleo en otro restaurante, donde su jefe se rehusó a pagarle su sueldo de cuatro semanas. Después de dejar ese trabajo, caminó de arriba abajo por todo el Norte de la Calle Clark, yendo a cada restaurante a pedir trabajo.

Una vez que fue contratado en Mello’s, trabajó como lavaplatos y después como asistente de cocinero. En varias ocasiones, entregaba pedidos de comida. Su salario de $6 por hora nunca cambió—y su jefe supuestamente se quedaba con algunas de sus propinas que recibía cuando entregaba comida. Los turnos de 10 horas eran difíciles, dijo José, pero ganaba suficiente para pasarla con su esposa e hijo.

“Tenía esperanzas cuando vine a este país,” dijo José. “Creí que iba a pagar mi deuda y ayudar a mi familia.”

José decidió migrar al norte después de que el Huracán Stan azotó Guatemala y destruyera los cultivos de su familia en 2005. “Perdimos todo—nuestros cultivos y nuestra casa. Fuimos afortunados de haber salido vivos,” él dijo. “Mi familia se endeudó, y [por eso] vine aquí’.

Él usó las escrituras de sus tierras como colateral para pedir dinero prestado para pagarle a la persona que lo pasó por la frontera de contrabando. “Me costó $6,500, y todavía estoy pagando” el préstamo y el interés, él dijo. “Nunca pensé que la situación sería tan dura aquí. Todavía debo $2,500.”

Su primer trabajo fue en la construcción en Indianápolis y después trabajó en un autolavado. Luego se mudó a Nebraska buscando trabajo pero no tuvo suerte, así que se mudó a Tulsa, Okla., y trabajó en una fábrica hasta que fue despedido durante la recesión. Ahí fue cuando decidimos probar suerte en Chicago. Al tiempo, logró ahorrar suficiente dinero para traer a su esposa e hijo a la ciudad y vivir en un departamento estudio con otra pareja.

Pero el accidente cambió todo eso.

Regresé a trabajar al día siguiente,” dijo. “Estaba golpeado y con dolor. Mi espalda me dolía. Mi rodilla y mi ojo aún estaban rojos del impacto. Seguí trabajando por necesidad.”

Luego las facturas médicas comenzaron a llegar. Al principio, José no sabía qué hacer. El dueño se rehusó a pagar, y José no contaba con suficiente dinero. Pero un día, vio un comercial de TV de unos abogados que ayudan a los trabajadores que se lastiman en sus empleos. Él marcó el número.

Una vez que el dueño se enteró de lo del abogado, supuestamente comenzó a amenazar a José. “Él me dijo que yo no tenía derechos porque no tenía papeles [de inmigración],” dijo. “Me gritaba y me decía que, si perdía el caso, me iba a ir a buscar aquí o en Guatemala.”

Después de dos meses, se sintió tan amenazado por su jefe que renunció a su trabajo.

Buco Kalampiovic, el actual dueño de Mello’s, negó pagarle a sus empleados menos del salario mínimo o no compensarlos por horas extras. Kalampiovic, que compró el restaurante en julio, dijo que les paga a todos sus empleados $9 por hora.

“No sé de donde viene esto. Yo soy el nuevo dueño,” él dijo.

Finalmente, el abogado de José logró que el seguro del restaurante cubriera las facturas médicas, pero no tiene idea de la suerte de su demanda salarial en el Departamento de Trabajo.

A unos cuantos días de haber impuesto su demanda, trató de darle seguimiento llamando al departamento. Le dijeron que no llamara—o el caso se demoraría, él dijo. Luego, en julio, recibió una carta confirmando que el departamento estaba investigando su demanda. El final de la carta estipula: “No nos llame con preguntas en cuanto al estado de su caso. Los retrasos simplemente son el resultado del número de casos que manejamos cada año.”

Aún, a finales del año pasado, llamó de nuevo, pero esta vez, fue puesto en espera durante 20 minutos. Frustrado, colgó.

*    *    *

Los organizadores laborales dijeron que ganaron una importante batalla legislativa cuando las enmiendas a la Ley de Pago Salarial y Colecciones fueron pasadas en 2010.

Las enmiendas permiten que el Departamento de Trabajo decida los casos que implican $3,000 o menos, en lugar de referirlos a la Oficina de la Procuradora Estatal. También hace posible que los trabajadores busquen sus sueldos no pagados no sólo de las compañías pero también con los dueños particulares—un cambio que ayuda a recuperar salarios perdidos en caso de que una compañía se declare en bancarrota.

Los empleadores también tendrán que pagar tarifas administrativas de $250 si son culpables de adeudo salarial—un monto de dinero que se desinará para que vaya directo a los esfuerzos de cumplimiento del departamento. Y los trabajadores pueden recuperar los costos legales en caso de imponer una demanda civil. La enmienda también aumenta la penalidad para los reincidentes desde delitos menores hasta los graves.

Williams, que ayudó a redactar los cambios, dijo que la Clínica Legal Working Hands, junto con otras organizaciones, ve esta legislatura como un importante primer paso. Pero hay aún más trabajo por hacer, especialmente mejorar el mecanismo de cumplimiento, dijo. “Creo que vamos a ver en un año una pila de juicios y no dinero. La cuestión va a ser cómo cobrar,” los salarios perdidos, él dijo.

Costigan dijo que está abierto a la retroalimentación. “El departamento continuamente está reevaluando su proceso de cumplimiento para garantizar que el departamento utilice sus recursos lo más efectivamente posible,” él dijo. “Cómo siempre, estamos ansiosos por la continua retroalimentación y las sugerencias de la comunidad laboral.”

Los organizadores laborales citaron el liderazgo de Costigan como una razón para sentirse optimistas de más mejoras.

“Hay razones para sentirse optimistas,” dijo Leone Jose Bicchieri, director ejecutivo de la Colaborativa de Trabajadores de Chicago.

“Primero, Joe ha trabajado por muchos años con uno o más sindicatos laborales, y tiene sentido que posee gran sensibilidad por las cuestiones de los trabajadores. En segundo lugar, a pocas semanas de haber asumido el cargo, el director se reunió con nosotros en persona. Esas son señales de esperanza.”

Costigan fue nombrado para convertirse el nuevo director del departamento en 2011 por el Gobernador Pat Quinn. Antes de su nombramiento él se desempeñó como secretario-tesorero para Workers United, un afiliado del Sindicato Internacional de los Empleados de Servicio. También se había desempeñado como vicepresidente de AFL-CIO del Estado de Illinois.

Desde que asumió el cargo, Castigan se ha reunido con organizadores laborales y ha llegado hasta los cónsules generales de México, El Salvador y Guatemala para proporcionar información sobre las protecciones que los trabajadores tienen bajos las leyes laborales estatales y federales.

“Estamos dedicados a la misión [del departamento]…luchar por los derechos de los trabajadores,” dijo Costigan. “Pero estos son tiempos difíciles en el presupuesto estatal, y las condiciones son tales que estamos mirando formas en las que podemos mejorar nuestro desempeño y hacer lo correcto para los trabajadores.”

Pero la esperanza que muchos organizadores laborales comparten no existe ante los ojos de José.

“Siento que nunca voy a recuperar ese dinero,” dijo. “No he tenido noticias del Departamento de Trabajo. Estoy asumiendo que ese dinero no existe.”

Crystal Vance Guerra and Samuel Charles ayudaron con la investigación de este artículo.

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