Miedo y aversión en la frontera

Un autobús llega a recoger a inmigrantes indocumentados del Centro de Detención en Broadview—el último destino para los inmigrantes en Illinois antes de ser deportados. Fotografía por Joe Gallo.

Un autobús llega a recoger a inmigrantes indocumentados del Centro de Detención en Broadview—el último destino para los inmigrantes en Illinois antes de ser deportados. Fotografía por Joe Gallo.

Reynaldo Hernández estaba acostado en el suelo frío de una estación de autobuses con sus ojos abiertos. El deportado de Illinois estaba en Matamoros, México, a más de 500 millas de distancia de su hogar en el estado de Guanajuato. No tenía dinero para continuar con su trayecto. Y después de un viaje por autobús de casi dos días desde un centro de detención en Wisconsin hasta la frontera mexicoamericana, estaba agotado, pero no se atrevía a dormir.

Hernández llevó esa carga hasta la mañana siguiente. El fornido inmigrante estaba parado afuera de la estación de autobuses, tratando de pensar en la forma de regresar a casa antes de meterse en problemas con uno de los carteles de drogas que operan en Matamoros.

“No me siento seguro aquí”, dijo Hernández, quien fue deportado después de haber vivido durante siete años en Bloomington al sur del estado. “No pude dormir toda la noche pensando en [los miembros de los carteles]. Tengo miedo de lo que pueda pasar en la noche. Me pueden secuestrar porque piensan que vengo del norte y traigo dinero conmigo”.

Traía puesto un suéter gris y pantalones de mezclilla. Su cabello estaba grasoso, su cara un poco sucia. No se había bañado en días. Para protegerse, se quedó cerca de otros deportados, como Eduardo Ruíz de Indiana. “Ya han sido 15 años desde que no regreso” a México, dijo Ruíz, quien fue deportado por conducir bajo la influencia. “Nadie en México se siente seguro. Hay mucho crimen aquí”.

Juntos, Hernández y Ruíz buscaron formas de ganar suficiente dinero para comprarse un boleto de autobús de $65. Pero un día de trabajo rinde sólo unos cuantos dólares en esta ciudad. Sin dinero o una forma viable de regresar a casa, estaban atrapados.

A mediados de marzo, el Chicago Reporter viajó a Matamoros y pasó cuatro días en el área para entrevistar a deportados como Hernández y Ruíz en una estación de autobuses y un albergue de inmigrantes. Según el Consulado General de México en Chicago, Matamoros está entre las tres ciudades fronterizas donde el servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. deja a los deportados de su “área de responsabilidad” en Chicago, una región que incluye seis estados del Medio Oeste.

En el 2012, se realizaron más de 62,000 deportaciones a Matamoros, un aumento de siete veces más desde el 2008, según el Centro de Estudios de Migración, un departamento de investigaciones dentro de la Secretaría de Gobernación de México que registra la migración dentro y fuera de México. Se realizaron 59,700 deportaciones adicionales a las otras dos ciudades, Nuevo Laredo y Reynosa, en el 2012.

Defensores de inmigrantes e investigadores de la violencia de la región dicen que las tres ciudades están llenas de peligros para los deportados. Los carteles se enfrentan entre sí por el territorio mientras que el ejército mexicano trata de poner le fin a la violencia sin mucho éxito. Los deportados se convierten en blancos del robo, extorción y secuestro. Algunos incluso son reclutados para trabajar para los carteles. 

En el 2012, Nuevo Laredo tuvo 89.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, según la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una agencia mexicana que recopila estadísticas de crimen. Matamoros y Reynosa tuvieron índices de 33.5 y de 30.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, respectivamente.

En comparación, el índice de la Ciudad de México fue de 16.9 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Del 2011 al 2012, las tres ciudades registraron un total de 49 casos de secuestros, mientras que la Ciudad de México no registró ninguno.

Los inmigrantes no deberían ser deportados a ciudades peligrosas, dijo Angelica Kelley, vicepresidenta de política de inmigración del Centro para el Progreso Americano con sede en Washington D.C., un centro liberal de estudios e investigación. “El gobierno debería tomar en cuenta las condiciones de seguridad al deportar a la gente”, dijo.

El deportar a inmigrantes a una ciudad donde el gobierno no los puede proteger viola la ley internacional, dijo Grace Meng, una investigadora del programa estadounidense de Human Rights Watch, un grupo de defensa con sede en la Ciudad de Nueva York.

“La norma internacional es muy clara. El estado tiene que tener la capacidad de proteger a su gente. Este es un problema crucial”, dijo Meng. “Ha habido reportes de que la gente no confía en la capacidad del gobierno para protegerlos. ¿Cómo podemos deportar a los inmigrantes a esas ciudades cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no los pueden mantener a salvo?”

Los funcionarios estadounidenses eligen cada “puerto de entrada” en consulta con el gobierno mexicano, dijo Gail Montenegro, funcionaria de asuntos públicos de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., una agencia del Departamento de Seguridad Nacional. La agencia “está comprometida a garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que están siendo expulsadas”, dijo Montenegro en una declaración por escrito.

El gobierno mexicano, sin embargo no está completamente satisfecho con el acuerdo, dijo Mercedes del Carmen Guillén, secretaria adjunta de asuntos de población, migración y religiosos de México. “El gobierno mexicano ha insistido en la necesidad de analizar las ciudades donde la gente es deportada”, dijo Guillén en una declaración por escrito. “Tenemos que reconocer que los inmigrantes repatriados no reciben [la] atención que necesitan una vez que son deportados”.

Peter Boogaard, secretario adjunto de prensa de seguridad nacional, dijo que el gobierno estadounidense acordó con México en crear un programa piloto conjunto el año pasado que enviara a números limitados de deportados por vía aérea hasta la Ciudad de México. Se convirtió en una “iniciativa permanente” el 18 de abril. “Este continuo esfuerzo bilateral entre ambos gobiernos refleja nuestro mutuo compromiso con la aplicación estricta y efectiva de las leyes migratorias de ambos países y da prioridad al tratamiento humano de los detenidos a lo largo del proceso de deportación”, el dijo.

Al final, los oficiales de inmigración sólo se fijan en el costo cuando deportan a los inmigrantes, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville.

“Estas personas están siendo tiradas en la frontera porque es más fácil y económico para el gobierno”, dijo Correa-Cabrera, quien está escribiendo un libro sobre el cartel de los Zetas y la violencia del estado mexicano de Tamaulipas. “El gobierno estadounidense se está lavando las manos con este problema”.

Una versión anterior de la ley de reforma migratoria que pasó en el Senado en junio contenía una enmienda que ordenaba que la agencia de inmigración considerara los índices de crímenes violentos al elegir los lugares de deportación. Pero la provisión no llegó a la propuesta final. “Hubo algunas preocupaciones planteadas por algunos … senadores, y se hizo evidente que no iba a pasar”, explicó Ian Koski director de comunicaciones del Senador Chris Coons, el Demócrata de Delaware que patrocinó la enmienda.

Pero una parte de la enmienda de Coons que sobrevivió aún prohíbe las deportaciones nocturnas. “Estas son situaciones verdaderamente peligrosas”, dijo Koski. “No deberíamos estar castigando [a los deportados]. Simplemente estamos regresándolos”.

Al cierre de esta edición, la Cámara de Representantes de EE.UU. estaba considerando su versión de la propuesta de reforma migratoria. La Representante Jan Schakowski, una Demócrata cuyo 9º Distrito incluye el lado norte del lago en Chicago y los suburbios del norte, dijo que apoyaría una enmienda similar a la del Senador Coons. Los deportados “son muy vulnerables, y es difícil entender porqué tienen que ser deportados en medio de la noche a un lugar peligroso”, dijo.

Schakowski dijo que la mejor manera de hacer frente al problema es disminuir agresivamente el número de deportaciones—al confinar la operación a los criminales. “Es bastante desalentador ver tan altos números de deportaciones”, dijo. 

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El puente expreso de Brownsville y Matamoros conecta a la tranquila y pequeña ciudad de Brownsville, Texas, con Matamoros. A medida que se camina por el puente y se entra a México, el panorama cambia rápidamente. Miembros del ejército mexicano vijilan con sus rifles de asalto.

Bienvenidos a Matamoros, una ciudad desgarrada por los enfrentamientos entre dos carteles—los Zetas y el Cartel del Golfo con sede en Matamoros. Correa-Cabrera explicó que los Zetas solían trabajar para el Cartel del Golfo hasta que la relación se rompió en el 2010. En septiembre, la captura del líder del Cartel del Golfo, el Capo Jorge Eduardo Costilla Sánchez, dejó un vacío de poder y desencadenó más violencia. La situación ha mantenido a los residentes en el miedo y a los inmigrantes en peligro de ser reclutados o secuestrados, dijo Correa-Cabrera.

A pesar de la violencia, la ciudad es muy animada durante el día. Durante la visita del Reporter al área del centro, docenas de personas caminaban por el mercado. La economía de la ciudad depende de su vecino al norte—los Estados Unidos. Muchos de los residentes trabajan para una de las 122 fábricas de la ciudad, según el sitio web de la Ciudad de Matamoros.

En esta ciudad, hay que seguir las reglas para sobrevivir, los residentes le dijeron al Reporter. No hacer preguntas acerca de la violencia. No usar palabras para identificar a los carteles—incluyendo la letra “Z”, el nombre de uno de los carteles. No se presta atención a los vehículos todoterreno y camionetas pick up de recientes modelos—típicamente conducidos por los miembros de los carteles—en las calles. Y una de las más importantes: No confiar en nadie.

Correa-Cabrera dijo que la ciudad no tiene unas autoridades. No cuenta con un departamento de policía; éste fue desmantelado por el gobierno federal después de que se encontrar corrupción. Con la esperanza de parar la violencia, el gobierno envió al ejército en junio del 2011. Se pueden ver a los solados por la ciudad caminando o parados sobre camionetas azules sosteniendo rifles de asalto. Los tiroteos en Matamoros a menudo estallan entre los Zetas, el Cartel del Golfo y las autoridades federales, a veces perdurando varias horas.

Los datos del crimen no muestran lo que sucede en realidad, ya que el crimen alarmantemente no es denunciado, muestran los estudios. De hecho, el 78 por ciento de las víctimas no han denunciado el crimen a las debidas autoridades, según “Victimización, Incidencia y las Cifras Oscuras en México” del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, un grupo con sede en la Ciudad de México que investiga el crimen y las cuestiones de seguridad. El estudio fue basado en una encuesta del 2009 realizada a 70,000 hogares por todo México, tanto en pueblos rurales como en áreas urbanas.

Un tiroteo el 10 de marzo en Reynosa es un buen ejemplo. La intensa balacera paralizó la ciudad por horas. El reportero de la Prensa Asociada Christopher Sherman viajó hasta allá para escribir sobre eso. Visitó la morgue y varias funerarias. Informó que entre 35 y 50 personas perdieron la vida, pero sólo dos—un taxista y un niño de 8 años—fueron oficialmente contados como víctimas.

El peligro para los inmigrantes ha aumentado, ya que los carteles van tras ellos para robarlos y secuestrarlos, dijo Correa-Cabrera. Los carteles contratan a “halcones”—como informantes. Los halcones pueden ser cualquier persona: un taxista, un funcionario del gobierno, el que vende tacos en el puesto de la calle o incluso compañeros “inmigrantes” que tratan de cruzar la frontera, dijo.

Entre el 2010 y el 2012, un equipo de investigadores de Arizona entrevistó a 1,113 recién deportados a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos—Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Descubrieron que aproximadamente el 12 por ciento de los deportados fueron robados, y otro 7 por ciento había sido secuestrado por pandillas, traficantes y carteles, según el reporte, “En la Sombra del Muro: Separación Familiar, Control Migratorio y Seguridad”, producido por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Arizona.

Teresa Delgadillo Reséndiz está a cargo de la Casa del Migrante, un albergue temporal para deportados en Matamoros. Los migrantes de ahí han sido golpeados por varias razones, dijo. Por ejemplo, cuando las familias de los deportados les envían dinero para comprar un boleto de autobús, los inmigrantes se convierten en la presa de los ladrones.

El albergue puede alojar hasta 200 inmigrantes por aproximadamente tres días, hasta que puedan encontrar una forma de regresar a sus lugares de origen. Pero el albergue no puede dar cabida a todas las personas que son deportadas a Matamoros de los Estados Unidos, dijo.

“El otro día, tuvimos a 230 personas deportadas en un día”, dijo Delgadillo, agregando que ha notado una tendencia a la alza en recientes años.

En el resto del estado de Tamaulipas, los peligros aún abundan. En el 2010, la marina mexicana encontró una fosa común en un rancho en San Fernando, a 87 millas de Matamoros, reportó el Houston Chronicle. Arturo Chávez, procurador general de México, dijo que contenía los cuerpos de 72 inmigrantes de México y Centroamérica—gente asesinada por los Zetas, reportó el periódico. Y en abril, el gobierno mexicano encontró otra fosa común en el mismo rancho. Contenía más de 200 cuerpos de inmigrantes, según el Chronicle.

La falta de denuncia de los crímenes ha hecho casi imposible saber cuántas personas han muerto en esta guerra. Pero la mayoría de estimados de periodistas son de entre 60,000 y 70,000 personas, dijo Correa-Cabrera. Es difícil documentar los homicidios, ya que los carteles a menudo esconden los cuerpos de aquellos abatidos por la violencia, agregó.

No tiene por qué ser así de peligroso para los deportados cuando regresan a México, dijo Jeremy Slack, coautor de “En la Sombra del Muro”. 

“Es una forma cruel de deportar a la gente”, dijo. Se podrían tomar medidas para mejorar la seguridad de los deportados sin gastar mucho más dinero agregó, como enviarlos a ciudades más seguras a lo largo de la frontera con California. “La diferencia en el costo de enviarlos a Tijuana en lugar de Matamoros es mínima”, dijo. “Las condiciones de seguridad en cada ciudad podrían ser analizadas todo el tiempo. Si estás viendo masacres de inmigrantes en un lado de la frontera, es una apuesta segura de que no deberías enviar a la gente a ese lugar”.

Correa-Cabrera dijo que una alternativa mejor sería dejar a los deportados en la Ciudad de México, la capital del país. “Eso se debe al que el crimen organizado en realidad no ha tocado la ciudad”, dijo. “También, el sistema de transporte en la Ciudad de México es mucho más efectivo, y los inmigrantes tendrían una forma viable para regresar a casa”.

Esa fue la idea detrás de la creación del esfuerzo bilateral que transporta a los deportados vía aérea a la Ciudad de México. El programa está equipado para manejar dos vuelos semanales, cada uno transportando a más de 100 deportados, dijo Montenegro. Le cuesta al gobierno estadounidense aproximadamente $500 por deportado, situando el costo estimado anual en más de $5 millones. Aún así el programa tiene un impacto limitado; a su ritmo actual, hubiera cubierto a un estimado 5 por ciento de inmigrantes deportados a México en el año fiscal 2012.

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Regresando a la estación de autobuses, en el segundo día del Reporter en Matamoros, Hernández y Ruíz no aparecieron por ninguna parte. Pero había otro grupo de aproximadamente 30 deportados de lugares como Florida, Pennsylvania e Illinois.

Alejandro Mota, un deportado del suburbio del oeste de la ciudad Mount Prospect, estaba entre ellos. Estaba parado afuera tomando café y comiendo una pieza del pan que los voluntarios de una iglesia local habían traído para los deportados.

Mota, que usaba un suéter gris y pantalones, dijo que había estado durmiendo en la estación de autobuses durante dos noches. No tenía idea de cuánto tiempo se quedaría. Cuando terminó de comer, la única cosa en su mente era buscar la manera de regresar a su ciudad natal de Acapulco. El problema, dijo, era que no podía ponerse en contacto con sus familiares. Los $25 en su bolsillo estaban desapareciendo rápidamente.

Cuando se le preguntó sobre la violencia, sonrió y trató de descartar los riesgos.

Mota vivía con su esposa e hijo. Pero fue arrestado después de haberse peleado con el “amante” de su esposa, dijo. Fue condenado por un cargo de agresión y sentenciado a tres años en la cárcel. Después de cumplir su sentencia, fue deportado.

“Quería ver a mi hijo antes de ser deportado. Tiene 10 años de edad, y no lo había visto” durante el tiempo que estuvo en la cárcel, dijo Mota. Ahora estaba parado afuera de la estación, aún más lejos.

“Sólo quiero encontrar la manera de comunicarme con mi familia. No me siento cómodo aquí”, dijo. Planeaba quedarse en la estación de autobuses por el momento. “No tenemos otro lugar a dónde ir”.

No había salido de la estación en dos días. “Es peligroso allá afuera”, dijo. Ninguno de los deportados conoce esta ciudad. No confiamos en esta ciudad”.

Lo único que le quedaba era la esperanza que saldría de la ciudad con vida.

Contribuyeron: Deysi Cuevas y Leah Varjacques.

El patrocinio para esta historia fue proporcionado por el Fondo de Periodismo Investigativo. Una edición acompañante de radio fue producida en conjunto con Fronteras: The Changing America Desk, una colaboración del radiodifusoras públicas en el suroeste que se enfoca en la frontera, inmigración y los cambios demográficos. El segmento producido por Mike Puente puede ser escuchado en línea. Ve a bit.ly/tcrborder.

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