Muriendo por atención

Christopher Valdez de cinco años de edad fue asesinado por el novio de su madre el 25 de noviembre, aproximadamente dos meses después de que el Departamento de Servicios Infantiles y Familias de Illinois cerrara su caso de abuso infantil. Su tía, Katrina Valdez, visita su tumba. Fotografía por Joe Gallo.

Christopher Valdez de cinco años de edad fue asesinado por el novio de su madre el 25 de noviembre, aproximadamente dos meses después de que el Departamento de Servicios Infantiles y Familias de Illinois cerrara su caso de abuso infantil. Su tía, Katrina Valdez, visita su tumba. Fotografía por Joe Gallo.

Christopher Valdez se escondió debajo de una mesa aterrorizado. El niño debió haber sabido que no podía competir con el novio de su madre, César Ruíz quien lo estaba persiguiendo. En un ataque de ira, Ruíz destrozó el cuarto. Vidrios se hicieron pedazos. Un teléfono voló por el cuarto. La mamá del niño, Crystal, estaba sentada en el rincón llorando. Su hermana de cinco años, Christine, veía, impotente.

Más tarde en ese día de noviembre, Katrina Valdez llegó a la casa para celebrar el quinto cumpleaños de su sobrino—sólo para encontrarlo envuelto en un cobertor, inmóvil sobre la cama de su madre. Christine estaba sobre el niño, pegándose al cuerpo sin vida de su hermano. Sus heridas estaban cubiertas de maquillaje—un vano intento de su madre por ocultar la evidencia de los repetitivos golpes de Ruiz.

Las señales de advertencia habían estado ahí.

Unos meses atrás, los trabajadores de bienestar infantil habían puesto a Christopher en custodia de sus abuelos después de presentarse en una sala de emergencia con un ojo morado, docenas de contusiones y una concusión. Pero ya estaba de regreso con su madre y sus tres hermanos en cuestión de semanas. Durante la cena de Acción de Gracias, a sólo horas antes de la muerte de Christopher, amigos de la familia fueron testigos de haber visto a Christopher con un ojo morado vomitando toda la noche, sin poder comer.

“A Christopher nunca, se le debió haber permitido regresar con su madre. Todos le fallamos, dijo Katrina, sollozando, mientras veía la tumba de Christopher. “Pudimos haber estado más involucrados. Él no debería estar aquí”.

Christopher no está sólo. Entre los años fiscales 2000 y 2011, 223 niños fueron asesinados después de que el Departamento de Servicios Infantiles y de Familias había investigado sus casos por supuesto abuso o negligencia.

Si bien los índices de homicidios en general disminuyeron por un 26 por ciento del 2000 al 2011, el Chicago Reporter encontró que el número de homicidios entre los niños involucrados con el DCFS ha permanecido obstinadamente estable—excepto por una baja en el 2010—durante el mismo periodo, promediando 18 homicidios por año.

Un análisis del Reporter de los reportes e investigaciones anuales de muertes dados a conocer por el inspector general muestra que más de las dos terceras partes de los homicidios fueron como el de Christopher, perpetrados ya sea por parientes indirectos—incluyendo al novio de la madre o la novia del padre—padres y otros parientes directos, o por la familia de crianza del niño.

Los defensores del bienestar infantil dicen que algunas de estas muertes pudieron haber sido prevenidas.

El análisis del Reporter muestra que casi el 20 por ciento de los homicidios—o 44 casos—ocurrieron en el año después de que los investigadores del DCFS desestimaran las acusaciones de abuso o negligencia como “sin fundamento”. El objetivo de estas investigaciones “sin fundamento” cometió más del 60 por ciento de los 44 homicidios.

Y la agencia estaba activamente involucrada en aproximadamente el 41 por ciento de los casos al momento del homicidio, ya sea aún investigando las acusaciones de abuso o negligencia, o manteniendo a los niños con su familiar bajo varios modos de supervisión. El otro 35 por ciento de las víctimas eran tutelados actuales del estado o sus hijos.

El alguacil del Condado de Cook Thomas Dart dijo que debería responsabilizarse al DCFS por los niños que ya habían estado en contacto con la agencia.

“No puedes responsabilizar a la gente por ser lectora de mentes, pero si alguien hubiese alertado [al DCFS] del abuso, entonces es preocupante”, dijo Dart, que fue el principal patrocinador de las leyes de bienestar infantil en 1994, cuando fungía como legislador estatal. “Cada caso necesita ser examinado para entender qué es lo que necesitamos cambiar”.

El Guardián Público del Condado de Cook Robert Harris está de acuerdo. Basado en los casos que ha visto en los tribunales, Harris dijo que algunas investigaciones del DCFS han sufrido con el paso de los años.

“Parte del enfoque se ha ido de poder ver al niño a escuchar a los padres. Así que un adulto le dice algo [a la agencia], y no sigue adelante con su propio protocolo [de entrevistar al niño], y el niño termina muerto como resultado de la negligencia o del abuso”, dijo Harris. “Creo que es una especie de ruptura en la eficiencia del departamento”.

Harris cuestionó si el DCFS está retirando a los niños de los hogares peligrosos a tiempo, especialmente ya que las investigaciones con frecuencia toman demasiado tiempo debido al número de casos.

“Lo lamentable es que es como el gran abismo”, dijo. “Ha habido casos donde el investigador se ha presentado después de que las contusiones desaparecieron, o una investigación fue clasificada infundida después de que el investigador no pudo localizar al presunto autor”.

El director del DCFS Richard Calica dijo que su departamento se enfrenta a la dificultad de predecir el probable comportamiento de un abusador. “Nuestra habilidad para predecir si un niño acabará muerto o no es pésima—‘nuestra’ refiriéndome a la ‘de cualquiera’”, dijo. “Pero cuando nos comparas con otros estados, estamos haciendo lo mismo que los demás están haciendo en términos de ese ritmo particular”.

Calica añadió que siempre hay margen para mejorar. “Lo mejor que puedo hacer es asegurarme de que mis trabajadores sean cuidadosamente entrenados…que todos estén utilizando el mismo protocolo, todos usen los mismos estándares, que continuemos tratando de refinar” el sistema de investigación, dijo.

Anita Weinberg, directora del Instituto de Política de Ley Infantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola Chicago, estuvo de acuerdo sobre la importancia de un mejor entrenamiento entre los investigadores.

“Pienso que es crítico”, dijo Weinberg, quién también trabajó en la oficina del inspector general. “El entrenamiento debe ser acerca de las buenas prácticas de asistencia social, buenas investigaciones y cómo transmitir la información en los tribunales”.

Se supone que los investigadores “tienen que hablar con la gente importante en la vida de ese niño para averiguar lo que está sucediendo”, dijo Weinberg. “Ya que eso no ha ocurrido, eso podría ser una explicación de porqué [una investigación] fue infundida o porqué algo pasó al poco tiempo después”.

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Durante el chequeo de cada dos meses de Dylan Kabayasi en el 2009, su pediatra notó contusiones en la cara del bebé y una cortada sanada sobre su ojo.

Siguiendo los procedimientos estándar, el doctor reportó la sospecha de abuso a la policía y al DCFS. Ambas agencias condujeron investigaciones por separado. Pero ninguna encontró suficiente evidencia para declarar las contusiones como abuso. El investigador del DCFS señaló que las contusiones en realidad eran manchas mongólicas, áreas de descoloración natural de la piel.

Incluso después de que el pediatra cuestionara las averiguaciones del DCFS, la supervisora del investigador insistió en que no hubo abuso. Ella calificó el caso como “infundido” y lo cerró.

Seis semanas después, una ambulancia fue llamada a la casa de Kibayasi. Dylan estaba sufriendo de convulsiones. El bebé fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto. Tenía cinco meses de edad.

Un examen reveló que Dylan había sufrido de una hemorragia subdural extensa y múltiples lesiones. Su padre, Ibrahim, admitió haber sacudido al bebé, según un seguimiento de la investigación del inspector general.

Casos como el de Dylan hacen un llamado al DCFS para que reconsidere su método de conducir las investigaciones de abuso, dicen los defensores.

Una de las claves en la prevención de muertes infantiles es identificar el abuso, y los doctores deberían ser parte de ese proceso y tener más influencia en el resultado de la investigación, dijo la Dra. Jill Glick, quien estableció el Equipo de Servicios de Protección de Menores en el Hospital Infantil Comer Médico de la Universidad de Chicago.

“Cualquier bebé con una contusión menor de seis meses de edad en mi mentalidad debería ser tratado como una fractura ósea”. Aunque se trate de una lesión menor, es una señal de potencial abuso porque los bebés no se contusionan”, dijo Glick que es parte del Equipo de Revisión de Muertes del Condado de Cook. “Cualquier niño que se reporte con una lesión grave tiene que tener a un doctor inteligente le haga el diagnóstico”.

En el caso de Dylan, por ejemplo, un doctor llegó hasta presentar un reporte desafiando las averiguaciones de no-abuso del investigador, pero ese reporte nunca llegó a manos del investigador o de su supervisor, según el informe del inspector general.

A Glick también le preocupa que las oficinas del médico forense carentes de recursos por todo el estado pudieran no haber detectado la evidencia de homicidio entre las muertes de los niños involucrados con el DCFS que fueron clasificadas como “muerte natural” o “no determinada”. Entre los años fiscales 2000 y 2011, la oficina del inspector general revisó 1,028 muertes de niños involucrados con el DCFS que no fueron clasificadas como homicidio.

“Cuando los niños mueren, ¿están los patólogos forenses debidamente entrenados en el área de abuso infantil y pediatría para reconocer la diferencia de porqué murió un niño?” dijo Glick. “No hay duda en mi mente de que hay limitaciones”.

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La agencia ha tenido una historia protegiendo a los niños abusados.

Los problemas datan a finales de los 80s cuando el Sindicato Americano de Libertades Civiles de Illinois interpuso una demanda colectiva a nombre de todos los niños bajo la custodia del DCFS. La demanda afirmaba que la agencia estaba “tan sobrecargada, infradotada y tan mal gestionada que rutinariamente infligió un daño terrible” a los niños en su custodia.

Para 1991, las partes interesadas negociaron un decreto de consentimiento, el cual requería una extensa reforma de la agencia, incluyendo la contratación de más asistentes sociales y contratistas privados para ayudar a aliviar la carga de trabajo, además del nombramiento de un monitor para supervisar el acuerdo. Al año siguiente, el DCFS recibió un aumento de fondos de aproximadamente $104 millones—aproximadamente un aumento del 21 por ciento.

Luego, en 1993, el ex gobernador Jim Edgar nombró a Denise Kane para dirigir la Oficina del Inspector General. Su tarea principal es investigar cualquier “muerte o lesiones serias de todos los niños de Illinois que estuvieran involucrados en el sistema de bienestar infantil en los últimos 12 meses”.

El nombramiento de Kane llegó a más de una semana de la muerte por ahorcamiento de Joseph Wallace de tres años de edad. El niño murió en las manos de su madre que está mentalmente enferma de gravedad, Amanda, quien más tarde fue condenada por el asesinato. En este caso, el DCFS había retirado a Joseph de su madre tres veces antes de su muerte. Pero cada vez, los contratistas privados de cuidados adoptivos recomendaron a los jueces que el niño fuera devuelto a su casa. La muerte del niño incitó a Edgar a despedir a tres trabajadores de bienestar infantil del estado.

La muerte de Joseph también llevó a una nueva ley que requiere que los jueces y otros funcionarios consideren lo que es mejor para un niño abusado o descuidado antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro del niño. También le dio a las familias de crianza derechos de intervención limitados en casos de custodia si una solicitud ha sido hecha para regresar al niño abusado o descuidado al padre que acusó el problema.

Sin embargo, después de casi dos décadas, algunos términos del decreto de consentimiento tienen que ser cumplidos, dijo Bejamin Wolf, director legal asociado del ACLU en Illinois. El número de casos de los investigadores por ejemplo, se supone que debe llegar hasta sólo 15 nuevos casos por mes, pero cada investigador maneja en promedio más de 20 casos, dijo Wolf.

“No puedes hacer tu trabajo si tienes tantos casos”, Wolf dijo. “No hay manera de que debidamente puedas investigar cada caso”.

Y la seguridad de los niños bajo el cuidado del DCFS se ha mantenido prácticamente igual, según “Condiciones de los Niños en Riesgo de Cuidado de Crianza en Illinois”, un informe elaborado por el Centro de Investigación Infantil y Familiar, un grupo independiente de investigación con sede en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, que fue creado como parte del decreto de consentimiento. El índice de niños que reportan abuso o descuido en los 12 meses del primer abuso ha permanecido fijo a un 11 por ciento del 2003 al 2009, encontró el informe.

En años recientes, los problemas financieros del estado han confundido el problema. En el 2009, los recortes significantes en fondos al DCFS llevaron al ACLU a presentar una moción de emergencia para evitar que la agencia cancelara o redujera los servicios mandatorios. Ambas partes trabajaron juntas para encontrar reducciones alternativas para mantenerse dentro de los términos del decreto de consentimiento.

Luego, en este año, la Asamblea General de Illinois redujo el presupuesto de la agencia por un 14 por ciento, o aproximadamente $86 millones, para el año fiscal 2013. Bajo el presupuesto, el número general de empleados se reducirá de 2,961 a 2,586.

Pero, en un acuerdo con el ACLU, Calica dijo que su agencia aumentará las filas de los empleados “de primera línea” mediante la reasignación de más de 200 empleados que ahora ocupan puestos que eran considerados “redundantes, superpuestos o innecesarios” como investigadores. Tal movimiento, prometido para enero, se espera que aumente el número de investigadores por aproximadamente 100 y reduzca el número de sus casos a un nivel que cumpla con los términos del acuerdo.

Wolf llamó el acuerdo un paso importante para asegurar la seguridad infantil.

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Pero evitar la muerte de Christopher podría haber requerido más que una reducción del número de casos de los investigadores.

La primera señal de abuso apareció el 1 de julio del 2011, cuando Crystal llevó a Christopher a la sala de emergencia del Hospital Infantil Hope con lesiones múltiples. Ella le dijo al doctor, a la policía y a un investigador del DCFS que el niño se había caído de la mesa del patio sobre el cemento y que se había pegado en la cabeza. Pero el doctor determinó que las lesiones no coincidían con la explicación de Crystal, según informes de una investigación interna del DCFS obtenida por el Reporter.

Una vez dado de alta del hospital, Christopher se fue a vivir con su abuela. Crystal, mientras tanto, fue arrestada y después fue encontrada culpable de abuso infantil. Se salvó de ir a la cárcel pero se le ordenaron 18 meses de supervisión, además de consejería para padres y de ira. Sin embargo, para el 20 de julio Christopher estaba viviendo de nuevo con su madre.

“A ningún niño que viva en el hogar donde está siendo abusado se le debe permitir regresar a casa con un pedazo de papel para protegerlos”, dijo Katrina, la tía, refiriéndose a una orden de protección emitida por el juzgado de lo penal. “Christopher no iba a sobrevivir con un pedazo de papel”.

La eventual muerte de Christopher en noviembre aún la asalta. Valdez lo amaba como a un hijo. Ella recuerda su voz cuando le decía tía, con emoción cada vez que la veía. Cuando ella encontró su cuerpo, desesperadamente intentó revivirlo.

“Mi esposo, Joe, llamó al 911 y me dijo que comenzara a administrarle RCP a Christopher. Yo estaba llorando. Podía ver que estaba muerto. Pero comencé a darle RCP”, dijo. César y Crystal estaban ahí en el cuarto, parados. “Podía sentir que no estaba respondiendo. Le dije a mi esposo, ‘Ya se fue, Joe’”.

El médico forense determinó que el niño había muerto entre las 2 a.m. y las 6 a.m.

A medida que Valdez piensa en la muerte de Christopher, ella llora pensando cómo las cosas hubiesen sido diferentes si el niño hubiera sido apartado de Crystal y de su novio, César quienes recibieron cargos por “homicidio oculto/poner a un infante en peligro” y por homicidio en primer grado, respectivamente.

“El DCFS no debió haber permitido que Christopher regresara y viviera con Crystal y su novio”, dijo Katrina.

Contribuyeron: Kate Everson, Kyla Gardner y Kaitlyn Mattson.

mzamudio@chicagoreporter.com

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