Safe at home? (En Español)

Parada en la puerta principal de su hogar de dos pisos en una calle tranquila y residencial de Oak Park, Kimberly Stevens dio un beso de despedida a cada uno de sus tres niños de adopción temporal en una mañana soleada de abril 2006, diciendo que los verí­a más tarde.

Stevens no sabí­a que “más tarde” terminarí­a siendo más de dos años y medio para su hijo y más de tres para sus dos hijas.

No sabí­a que el niño pasarí­a tiempo en un hospital psiquiátrico y regresarí­a a su cuidado siendo ni la sombra de la exuberancia de antes.

No sabí­a que estaba entrando a un proceso legal que le costarí­a miles de dólares y consumirí­a casi todo su tiempo y energí­a.

Lo único que sabí­a Stevens era que habí­a sido una mañana tí­pica de despertar a los niños, vestirlos, darles de comer y prepararles para la escuela. Estaba un poco sorprendida cuando Janelle, la trabajadora social de la agencia de bienestar de niños con quien habí­a estado trabajando, llegó y ofreció llevar a los niños. Janelle lo habí­a hecho muchas veces antes, así­ que no le puso mucha importancia.

Cuando la hija biológica de Stevens de 12 años regresó de la escuela ese dí­a, ella preguntó dónde estaban los otros niños. Stevens no sabí­a. Llamó a la trabajadora social y su supervisor. Ninguno contestó.

Pero muy pronto, ella supo lo que habí­a pasado.

Se habí­an llevado a los niños. La primera razón que le dieron fue que estaba en proceso de divorciarse, aunque ella ya habí­a revelado esa información anteriormente.

Las alegaciones llegaron después. Le dijeron que habí­an recibido una llamada en el teléfono rojo de Illinois Department of Children and Family Services. Alegaron que su hija habí­a abusado de sus dos hijos de adopción temporal.

Sexualmente.

Vergí¼enza e humillación se revolví­an dentro de Stevens. Pero, cuando empezó a hablar con los vecinos, esos sentimientos se convirtieron en enojo y enfurecimiento. Decidió tomar acción.

Nativa del lado oeste de Chicago, Stevens es negra. Igual que el padre de los tres hijos de adopción temporal quien ella habí­a esperado adoptar.

Igual que más de la mitad de los niños en el Condado de Cook acerca de quienes se han hecho alegaciones de abuso sexual de niños.

A pesar de los estudios mostrando que los niños negros no son estadí­sticamente más probables de ser abusados sexualmente que niños blancos, familias afroamericanas en el Condado de Cook son casi dos veces más probables de ser los sujetos a investigaciones de abuso sexual, que la cantidad de niños negros en la población del condado, de acuerdo a un análisis de Chicago Reporter de los archivos de DCFS con aproximadamente 110,000 casos de abuso sexual de niños de 2005 a 2009.

Pero, cuando DCFS investiga estas alegaciones, un porcentaje más bajo de ellas son válidas que las relacionadas a niños blancos y latinos, según el análisis. Esto significa que miles de niños y familias negras durante los últimos cinco años han pasado por un proceso de investigación y han sufrido dificultades similares a las que Stevens, su hija y los tres niños de adopción temporal experimentaron.

La situación podrí­a empeorar, mientras la fuerza laboral investigativa con menos experiencia navega un volumen de trabajo aumentado debido a los recortes de presupuesto.

Cuando se les hizo preguntas acerca de lo que encontró Reporter, los expertos ofrecieron varias explicaciones que la mayor parte cayeron en dos campos divergentes.

Un lado sostuvo que el número desproporcionado de alegaciones acerca de los niños negros fue el resultado de más atención prestado a ellos y a sus familias que a los jóvenes de otras razas y etnias.

Mientras el otro lado rebatió que era más una función de la pobreza en que nacen muchos niños negros, señalando que el í­ndice de alegaciones de abuso sexual es más alto en las comunidades más pobres.

Pero los dos lados estaban de acuerdo con lo siguiente: Estas investigaciones pueden tener un efecto grave en los niños y las familias involucradas.

“Investigaciones de abuso de niños son enormemente traumáticas para los niños y sus familias,” dijo Richard Wexler, el director ejecutivo de National Coalition for Child Protection Reform, una organización basada en Alexandria, Va que trabaja para cambiar las pólizas públicas acerca del abuso de niños y la preservación de las familias. “Hay un trauma mucho más grande si remueven al niño del hogar. Por todas estas razones, no es mejor proveer una vigilancia adicional basada en poco más que una llamada anónima y la adivinación de un trabajador social. Todo ese tiempo perdido en investigaciones triviales se roba de los niños que son realmente necesitados.”

Erwin McEwen, director de DCFS, dijo que su agencia está en lo que se considera un dilema sin salida. Para poder mantener a los niños del estado seguros y responder a los actos sexuales horribles que sufren los jóvenes, la agencia tiene que animar a toda la gente que sea posible a llamar al teléfono rojo. Pero, en hacerlo, el teléfono rojo probablemente recibirá muchas llamadas sin mérito que gastan los pocos recursos del departamento.

Operando con números ocasionalmente asombrosos de casos y con una historia de desconfianza pública, los investigadores muchas veces se ponen en riesgo fí­sico y actúan con la información que el abuso sexual es muchas veces no denunciado y difí­cil de comprobar. Pero, en conducir estas investigaciones, el departamento casi inevitablemente causa trauma similar a lo que experimentó Stevens, especialmente cuando no se puede comprobar que ocurrió tal abuso.

“Probablemente siempre habrá trauma, pero estamos trabajando para hacer las investigaciones menos intrusivas,” dijo McEwen en reconocer la necesidad de mejorar el sistema.

Dorothy Roberts, una profesora de ley en la Universidad Northwestern, estaba de acuerdo, notando que lo peor de estas prácticas se sufre más en ciertos vecindarios. Disparidades raciales persisten a pesar de la reducción en el número de niños bajo la custodia de DCFS de más de 50,000 a mediados de los 90’s a menos de 16,000 hoy, dijo ella. Esto incluye a los niños removidos de sus hogares por razones de abuso sexual. En el Condado de Cook, de 2005 a 2009, niños negros fueron removidos de sus hogares dos veces mayor al í­ndice de los niños latinos y tres veces al í­ndice de los niños blancos.

“Todaví­a es un impacto enorme en un puñado de vecindarios de la ciudad,” dijo Roberts. “Los números son menos, pero el impacto aun es fuerte en algunos vecindarios pobres y negros.”

Una persona marca al 1-800-25-ABUSE. Un trabajador contesta el teléfono y escucha unas alegaciones de abuso o descuido. Si hay suficiente información especí­fica, se toma un reporte.

De 2005 a 2009, aproximadamente 110,000 alegaciones de abuso sexual de niños llegaron al teléfono rojo que el estado mantiene en conformidad con la ley federal. El presunto abuso caí­a en cinco categorí­as: enfermedades de transmisión sexual, penetración sexual, explotación sexual, acoso sexual y riesgo sustancioso de lesión sexual.

Niños negros fueron los sujetos de más de la mitad de las 29,600 llamadas alegando abuso en el Condado de Cook.

En 2008, los 358,900 residentes negros del paí­s con menos de 18 años eran el 27 por ciento de los 1.3 millones de residentes de la misma edad, de acuerdo con un análisis de datos del censo por parte de Reporter. Pero 15,400 de 29,700, o el 52 por ciento, de las llamadas de 2005 a 2009 eran acerca de niños negros.

En contraste, los jóvenes blancos eran el 33 por ciento de todos los jóvenes y solo 27 por ciento de las llamadas.

Esta disparidad resultó en parte de las llamadas hechas por personas como trabajadores sociales, oficiales de policí­a, personal escolar y médicos, quienes son requeridos a reportar sospechas de abuso y descuido.

Agentes policiales y trabajadores de servicio social compusieron el grupo más grande de estos “reporteros exigidos,” juntos representando más del 30 por ciento de todas las llamadas. Niños negros eran el 50 por ciento acerca de quienes se hicieron llamadas por la gente en estas agencias–”una figura que Carl Bell, director de Institute for Juvenile Research en la Universidad de Illinois en Chicago, atribuyó a niveles más altos de atención prestada a familias negras y niveles más altos de interacción con la policí­a.

Brad Stolbach, un psicólogo clí­nico licenciado y director de Chicago Child Trauma Center en La Rabida Children’s Hospital, dijo que la parcialidad no intencionada de estos reporteros exigidos también pudiera jugar un papel en la sobrerrepresentación de los niños negros. “Serí­a tonto pensar que no hay un sistema de parcialidad institucional subconsciente que pudiera influir la decisión del reportero” dijo él. “Nadie se deberí­a sorprender que la gente en América es más probable de hacer reportes a los autoridades basados en estatus racial y económico.”

Oficiales de la policí­a hicieron el número más alto de llamadas, más de 5,400, alegando abuso, pero el Departamento de Policí­a de Chicago no quiso comentar en las razones por estos números.

Liane Jackson, portavoz para el Sheriff del Condado de Cook Tom Dart, atribuyó los números altos al hecho de que la policí­a son los primeros en responder cuando se cometen estos crí­menes. Ella agregó que la oficina patrulla la parte no incorporada del Condado de Cook y pronosticó que las estadí­sticas para esas áreas serí­an diferentes que los datos de todo el condado.

“La gente de color es más examinada, tiene más vigilancia y es sospechosa de estar cometiendo más delitos que otras personas,” dijo Bell de la Universidad de Illinois en Chicago. “Es un estereotipo. Algunos han sugerido que la policí­a caza a los adolescentes y jóvenes negros para encontrarles cometiendo delitos porque saben que están cometiendo tales delitos. Los buscan. Es fácil de hacer. Esa es la razón por todas las llamadas al teléfono rojo.”

Sin embargo, el examen no fue solamente externo.

El veintiocho por ciento de las llamadas acerca de niños negros fueron de reporteros no exigidos–”gente como parientes y vecinos quienes no eran requeridos a llamar al teléfono rojo. Esto fue más alto que el 10 por ciento de las llamadas acerca de niños asiáticos, el 16 por ciento de las llamadas acerca de niños latinos y el 18 por ciento de las llamadas acerca de niños blancos.

En total, 63 por ciento de las 3,700 llamadas hechas por parientes y vecinos eran acerca de niños negros.

Bell dijo que este porcentaje más alto viene de gente bienintencionada quienes quieren proteger a los niños de ser abusados sin involucrarse directamente ellos mismos. “Hay un tejido social,” dijo él. “Vecinos y parientes están viendo los problemas en una familia pero no están entrando a la familia para ayudar. Están delatando a la familia.”

Bell agregó que el porcentaje más alto de llamadas de parientes y vecinos también puede proceder de la cantidad de contacto e información acerca de DCFS que gente de otros orí­genes. Esta familiaridad aumentada con el departamento y la preocupación acerca de la seguridad de los niños pueden triunfar sobre la desconfianza histórica de la agencia, dijo él.

El uso de un sistema anónimo de reportaje por parte del teléfono rojo es otra herramienta de doble filo en la prevención y enmendación del abuso de niños. Mientras la habilidad de reportar el abuso sin dar el nombre puede ser un incentivo para que la gente hable, esa misma cualidad también se presta a que haya menos detalles para el investigador y que el teléfono rojo ocasionalmente sea usado para otros propósitos como ajustar cuentas en batallas enconadas sobre custodia o hasta disputas entre vecinos.

Cerca de 2,200 de las 31,400 llamadas en el Condado de Cook de 2005 a 2009 eran anónimas, el cuarto más alto de entre diferentes grupos de personas que llamaron. Pero de estas, solo el 6 por ciento en última instancia fueron consideradas como válidas después de una investigación. La figura fue la más baja de los 30 tipos de personas que llamaron haciendo por lo menos 100 llamadas durante el perí­odo de cinco años.

En códigos postales donde afroamericanos compusieron más del 80 por ciento de la población, las llamadas anónimas tení­an un í­ndice particularmente bajo de alegaciones que fueron consideradas como válidas. En los códigos postales 60621, 60637 y 60644, que cubren partes de los vecindarios al lado sur como Englewood, Hyde Park y Woodlawn además de Austin en el lado oeste, DCFS solo consideró que dos de las 200 llamadas anónimas eran válidas.

El í­ndice en todo el condado de llamadas consideradas como válidas fue el 24 por ciento, con 45 por ciento de las 103 alegaciones hechas por “oficiales de juveniles” siendo corroboradas.

Valerie McDaniels, administradora regional de DCFS para la protección de niños en el Centro del Condado de Cook y una anterior investigadora, dijo que las llamadas anónimas pueden ser más difí­ciles de encontrar que sean válidas porque hay menos acceso a la información adicional aparte de lo que la persona dejó en el teléfono rojo.

Wexler de National Coalition for Child Protection Reform dijo que cambiando la lí­nea de llamadas de anónima a confidencial podrí­a mejorar al sistema. “Debe haber un lí­mite antes de lanzar y corroborar una investigación y remover a un niño,” dijo él. “Reportes anónimos son los menos precisos. No solo evitarí­an este daño, librarí­an recursos para investigar los daños reales.”

Pero otros no estaban tan convencidos.

“Da seguridad a la persona que llama, pero no sabemos si estoy enojado contigo. La gente delata sin pensarlo,” dijo Bell. “Está bien porque alguien está viendo, pero en muchos casos es algo malo porque no es legí­timo.”

“Si no tuviera el anonimato, nadie llamarí­a,” dijo Bell.

Después de presentar el reporte inicial, se provoca una investigación y uno de los cientos de investigadores del estado es asignado para descubrir qué pasó. Mientras conducen sus averiguaciones, los investigadores usan Child Endangerment Risk Assessment Protocol (Protocolo de Evaluación de Riesgo de Peligro para Niños) para determinar si un niño enfrenta un peligro inmediato y tiene que ser removido inmediatamente.

Richard H. Calica, director ejecutivo de Juvenile Protection Association, una agencia en Chicago que busca promover el desarrollo saludable de los niños, ayudó en diseñar el protocolo. Pide que el investigador use una estrategia basada en evidencias para evaluar la seguridad inmediata si el joven se queda en el hogar. El investigador después presenta los resultados de su evaluación a un supervisor.

Calica reconoció que prediciendo futuro comportamiento es difí­cil de hacer. “Nuestra capacidad de predecir el futuro es pésimo,” dijo él, enfatizando que esta dificultad es independiente de cualquier herramienta que se usa para evaluar la seguridad de los niños.

Por su parte, McEwen reconoció que los investigadores del departamento no son exentos de parcialidades de raza y clase y explicó que el departamento ha conducido entrenamientos anti-racistas para tratar de reducirlo.

Pero más entrenamiento puede ser necesario para eliminar todas las parcialidades de los investigadores, de acuerdo con Diane Redleaf, directora ejecutiva de Family Defense Center, una organización en Chicago que aboga por la justicia en el sistema de bienestar de niños. “El sistema está lleno de parcialidades de raza, clase y género,” dijo ella. “Yo dirí­a que las decisiones están siendo tomadas basadas en raza, independiente de los méritos.”

Después de la investigación inicial, DCFS tiene 60 dí­as para completar una investigación más rigurosa, de acuerdo con el procedimiento del departamento. Pero en un reporte de 2008 comisionado por DCFS, Tamara Fuller, directora en University of Illinois Child and Family Research Center, escribió que más de una en 10 investigaciones in Illinois tomó más de 60 dí­as.

Roi Montalvo, administrador regional de DCFS para la protección de niños en el norte del Condado de Cook dijo que el retraso resultaba, en parte, de los casos siendo más complejos que en el pasado y de los investigadores teniendo más áreas potenciales de daño para investigar.

Los investigadores son supuestos de tomar aproximadamente 150 casos nuevos cada año, pero Montalvo dijo que no rechazan casos después de que hayan llegado a sus lí­mites mensuales.

McDaniels dijo que una reorganización interna en 2006 resultó en menos investigadores en el centro del Condado de Cook. Siendo parte de una estrategia departamental para asignar menos investigadores en las áreas con una cantidad más alta de casos. Esto resultó en una pérdida de investigadores en la oficina y siendo reemplazados por otros con menos experiencia.

Esta figura pudiera aumentar durante los próximos años, mientras el número de inspectores en la división de protección de niños ha visto un declive del 16 por ciento de 2008 a 2010, de acuerdo con un análisis de datos de DCFS por Reporter.

Para la familia de Stevens, los meses de separación significaron que sus hijos de adopción temporal tuvieron que establecer nuevas relaciones en un hogar nuevo y renunciar la relación anterior que habí­an establecido en el hogar de Stevens. El niño no se adaptó bien en el segundo hogar de acogida, así­ que le pusieron en un hospital psiquiátrico–”una experiencia dolorosa que contribuyó a su dificultar de confiar en la gente.

En el caso de Stevens, tomó muchos meses para que viniera un investigador después de que habí­an removido a los niños. El hombre no fue ni agresivo ni hostil, ella recordó. Actualmente parecí­a un poco avergonzado.

Aun con la conducta restringida del investigador, Stevens absorbió un mensaje claro. “Parecí­a como una condena sin ser una condena,” dijo ella. “Yo pensaba que éramos inocentes hasta que nos comprobaban culpables, pero se sentí­a ser culpable.”

Eventualmente, un investigador, en conjunto con un equipo de profesionales de la Oficina del Procurador del Estado, el departamento de policí­a y proveedores de cuidado médico quienes se reúnen en Centros de Abogací­a para Niños, determinan si una alegación es creí­ble.

En el Condado de Cook, solo un 20 por ciento de las llamadas alegando el abuso de niños negros fueron corroboradas por el proceso de investigación del departamento. Esta figura era más baja que el 23 por ciento de las alegaciones acerca de niños blancos y 32 por ciento de las alegaciones acerca de niños latinos.

Lisa Aronson Fontes, una profesora de psicologí­a en la Universidad de Massachusetts en Amherst y autora de “Child Abuse and Culture,” indicó que la falta de encontrar válida una alegación no necesariamente significa que ningún abuso ocurrió, pero más bien que los investigadores no pudieron encontrar suficiente evidencia para comprobarlo. “Las familias con alegaciones que son infundadas son diferentes que las sin abuso,” dijo ella.

Casos corroborados llevan a un rango de posibles acciones, incluyendo el removimiento temporal de un niño de su hogar. El removimiento de niños negros ocurrió a un í­ndice más del doble al de los niños latinos y tres veces el í­ndice de niños blancos.

En diciembre 2008, más de dos años y medio después del removimiento temporal de los niños de su hogar, el niño más grande de Stevens regresó. Ella todaví­a no habí­a visto a las niñas. La primera cosa que le dijo el niño fue: “¿Qué pasó contigo? Dijiste que nos ibas a ver más tarde.”

El niño habí­a cambiado. Cuando antes emanaba una energí­a brillante, él era y aun es precavido y reservado. Hay algo pesado que cuelga encima de él.

Stevens dijo que el niño necesita una cantidad inordinada de estructura en su dí­a para sentirse seguro y tiene miedo de ser abandonado otra vez.

Sus hermanas se quedaron en el segundo hogar de acogida. Stevens continuaba luchando para que le regresaran a las niñas–”hasta febrero, cuando decidió ceder su derecho para que la otra familia las pudieran adoptar.

Los hermanos se ven cuatro horas cada mes, ella dijo. Las niñas siempre preguntan cuando van a regresar a casa.

McEwen dijo que la agencia está trabajando para reducir el trauma asociado con las investigaciones por medio de una variedad de medidas.

La primera en la lista: un programa piloto de $4 millones empezando en noviembre donde se habla con las familias en áreas de alta necesidad antes de que ocurra el abuso y les dan asistencia económica y otros apoyos. McEwen cree que esto pudiera desarrollar más confianza entre la comunidad y el departamento.

Más ampliamente, dijo que quiere continuar un cambio a un departamento con más apoyo donde se sirve a más niños y menos sean llevados a detenciones preventivas.

Pero el programa y la retórica progresiva del departamento no impresionan a Stevens. “Necesitan un guardián,” dijo ella.

Contribuyendo: Rebecca Freitag, Samantha Winslow y Brittney Wong

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